Un cortijo particular
El caso es que el presidente de la Diputación, el “popular” Benjamín Prieto, decidió que las personas que debían asistir a la cita plenaria fueran los 25 diputados provinciales y cinco personas más. El resto, decenas de ciudadanos y casi medio centenar de alcaldes, tuvieron que quedarse a las puertas del palacio provincial, como si el edificio “fuera un cortijo particular” del Partido Popular, concretan las mismas fuentes.
El carné de diputado que no vale en Cuenca
No solo es un cortijo “popular”, también se rige por normas exclusivas, propias de un estado caciquil, como vetar la presencia en el pleno de un diputado nacional, que tras identificarse con su carné le fue negado el acceso al interior de la Diputación. El parlamentario, Luis Carlos Sahuquillo, no se lo pensó dos veces y puso una denuncia ante la Policía Nacional ().
Preguntas en el Congreso
Sahuquillo, en declaraciones a ELPLURAL.COM, pretendía estar presente como público “para conocer de primera mano la postura de los alcaldes y concejales del PP, ya que la semana que viene presentaré en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas y otras iniciativas parlamentarias” sobre la decisión del Gobierno de instalar el cementerio nuclear en Villar de Cañas, “cuarta opción que ha desbancado, sorprendentemente, a las otras tres localidades que partían como favoritas”, concreta.
Situación “bochornosa”
Indignación compartida por el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, a quien también le prohibieron acceder al interior de la Diputación. “Es bochornoso que se impidiera el paso a las decenas de personas que estaban en la puerta”, añade, “creo que es la primera vez en la historia de la Diputación que se prohíbe el acceso a alcaldes y concejales a la casa de todos los conquenses; al Ayuntamiento de todos los ayuntamientos”.
Excesiva presencia policial
Situación que parece no importarle al presidente de la Diputación, que no dudó en requerir una desproporcionada presencia policial. Una treintena de agentes de la Unidad de Intervención Policial (conocidos popularmente como los “antidisturbios”), llegados ex profeso desde Madrid, con el alto coste que supone este desplazamiento, tomó las dependencias provinciales para evitar el acceso de los ciudadanos, cada día más comprometidos contra la instalación de la ATC en Villar de Cañas. Por eso, Martínez Guijarro dice no entender la presencia policial, puesto que “son alcaldes y concejales, no delincuentes, y no sé qué miedo tiene el presidente de la Diputación a que sus convecinos estén presentes en el pleno”, sentencia.
