El Grupo Popular en la Asamblea ha registrado en la Cámara regional 25 enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad de Madrid con el objetivo prioritario, según explican en la web del PP regional, de "garantizar los sueldos y los puestos de trabajo de los empleados públicos, mejorar la productividad y eficacia de la Administración, ahorrar cerca de 110 millones de euros a las arcas públicas y erradicar los fraudes y prácticas abusivas en las bajas laborales".

"Reducir el absentismo"
Así, se fijarán los horarios de todos los empleados públicos en 37,5 horas semanales para homogeneizarlos con las horas lectivas que han establecido para los prefesores, y se disminuyen de siete a seis los días de asuntos particulares o libre disposición. Uno de los puntos más polémicos es el que pretende "mejorar el control a las bajas laborales (excluídas las bajas por maternidad y accidente laboral) con el fin de conseguir una Administración más eficiente y reducir el absentismo en más de un 40%". Para conseguirlo reducirán el complemento económico que aporta la Comunidad de Madrid en el supuesto de incapacidad temporal del trabajador por enfermedad común entre el 4 y el 15 día de baja, que en la actualidad es del 40% -el 60% restante lo asume la Seguridad Social-.

Aseguran que las bajas en lo público doblan las del sector privado
El PP insiste en que con esta medida pretende "más allá de un ahorro, que se calcula en unos 25 millones de euros, introducir un elemento de contención del absentismo laboral", insistiendo en que "el absentismo entre el 4 y el 15 día de baja duplica en los empleados de la Administración regional al de la empresa privada" según los informes del Gobierno regional.

Más deducciones en educación y eliminación de la Agencia para la Emigración
Además, otras de las enmiendas introducidas amplían las deducciones por gasto educativo fijándolas a partir de los 3 años y hasta los 16. -hasta ahora el tramo deducible estaba fijado entre los 6 y 16 años-. También proponen la eliminación del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Agencia Madrileña para la Emigración.

PSM habla de "guerra abierta"
Las reacciones no se han hecho esperar, y el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha asegurado que el Gobierno regional tiene una "guerra abierta" contra los servicios públicos ya que las enmiendas inciden en tres pilares: "la privatización y liberalización salvaje y exterminio de todo lo público", un Gobierno "dictatorial en formas que se niega a dialogar" y actúa sin consultar, y por último convertir la educación pública "en algo marginal en la Comunidad". Gómez ha advertido de que lo que pasó respecto a la subida de los horarios de los docentes, cuando "los profesores ya tienen una jornada de 37 horas y media desde siempre" y "lo único que se ha hecho en la enseñanza es recortar el número de los profesores" ya que el año que viene serán 1.200 docentes menos.

UGT advierte de que tampoco los sueldos están garantizados
Mientras, el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, ha recordado que las medidas pueden no servir para que Aguirre cumpla con su compromiso de mantener los sueldos de los funcionarios ya que si el Ejecutivo de Mariano Rajoy "decide que se rebaje el salario de los empleados públicos esa medida sería de aplicación en la Comunidad".

Los funcionarios exigen que "dejen de culparnos"
Desde el sindicato de funcionarios CSI-F Madrid han lamentado en un comunicado las enmiendas y ha subrayado que "como la mayoría de ciudadanos de este país, somos una víctima más de la crisis económica a la que hemos sido abocados por circunstancias ajenas a nuestro trabajo". El sindicato ha reclamado responsabilidad al Gobierno Autonómico para que deje de asociar déficit público con servicios públicos y ha recordado que ya han asumido recortes salariales. El comunicado pide así mismo a "las Administraciones" que "dejen de culparnos de las consecuencias de la crisis motivadas por una mala administración del dinero público así como, por la falta de control por parte de sus responsables del sistema financiero".

Visto bueno de la patronal madrileña
Quien sí se ha mostrado conforme con las nuevas exigencias a los funcionarios ha sido el presidente de CEIM, Arturo Fernández: "No es una medida mala para los funcionarios ya que no va a haber recortes ni se va a adelgazar la Administración aunque se pida un mayor esfuerzo".