La guerra del agua que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inició hace algo más de un año se ha visto ahora acallada por la resolución del Tribunal Supremo ante el recurso que el Ejecutivo regional presentó contra la revisión del Plan Hidrográfico del Tajo. 

El Gobierno de la Comunidad, junto con el Canal de Isabel II, consideró oportuno impugnar el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprobaba la revisión de los planes hidrológicos del Tajo así como del resto de demarcaciones hidrográficas. La alegación principal sostenida por Sol recaía en que la determinación de los caudales ecológicos incumplía la exigencia impuesta de la Instrucción de Planificación Hidrológica porque en “el plan no se contienen los estudios y análisis que se exigen sobre la repercusión del establecimiento de los caudales ecológicos en los usos del agua existentes”. Hace referencia con ello a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Ahora ha sido el Alto Tribunal quien ha obligado a bajar las armas a la comitiva de Ayuso en una batalla que ellos mismos iniciaron al considerar que el Real Decreto no introduce ninguna prevalencia del régimen de caudales ecológicos en los supuestos de existencia de legislación prevalente, aun cuando se trate de agua destinada al abastecimiento a la población, como sostenía el Canal.

Sobre el precepto cuestionado del Real Decreto por la ejecutiva regional -el artículo 11.6, relativo a los embalses o azudes para abastecimiento de poblaciones, el Supremo ha señalado que “no hace sino dar cumplimiento a la regla prioritaria de respetar en todo caso el abastecimiento de poblaciones con preferencia sobre el régimen de caudales ecológicos al limitar dichos caudales, en su primer inciso, al régimen de entradas naturales al embalse y permitir, asimismo, su reducción en el supuesto contemplado en el segundo inciso”. 

Por ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, encargada de tumbar el recurso, ha recordado que “no es necesaria la expresa referencia en el precepto impugnado a esta preferencia del abastecimiento de poblaciones sobre el régimen de caudales ecológicos para que despliegue plenamente sus efectos dicha previsión contenida” en otros artículos del Plan. 

El Supremo tumba también las falsas acusaciones

Con el rechazo de la Sala al recurso podría verse finalizado el proceso iniciado por Ayuso en noviembre de 2023. Fue entonces cuando presentó la demanda ante el Alto Tribunal con el único argumento de que el Plan ponía en riesgo el abastecimiento de siete millones de personas en la capital por razones políticas.

En rueda de prensa expuso que Sánchez “pretende que Madrid se rinda por sed” y que para ello “ha aprobado un real decreto que pone en riesgo el abastecimiento de siete millones de madrileños”. En este mismo orden de cosas, la lideresa regional reprochaba que Sánchez “cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid, que es el mayor de España y uno de los mejores del mundo”: “Nos pone impedimentos a los trasvases necesarios para que llegue el agua a las casas de los madrileños, nos impide cumplir los requisitos de depuración y nos obstaculiza la planificación”.

Durante sus declaraciones, la representante primera de Sol señalaba que Sánchez “pretende que el agua de los madrileños dependa de unos permisos que ellos mismos autorizarían o denegarían mes a mes, arruinando cualquier capacidad de planificación”

El Plan Hidrográfico de Sánchez

El Gobierno de España anunció a principios de 2023 la aprobación de 12 planes hidrológicos (2022-2027) que incluían la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, lo que implicaría un recorte de las aportaciones al Segura, algo que ya generó polémica entre las autonomías implicadas.

La propuesta del Gobierno contemplaba que el caudal ecológico suba de seis a siete metros cúbicos a su paso por Aranjuez por segunda vez desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que alcance los 8,65 en 2027.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya explicaba que se habían seguido todos los criterios técnicos y las instrucciones de los expertos. Así, dejaba claro que “en más de tres años habían podido escuchar a todos los actores” y que era “fundamental determinar un caudal ecológico para el Tajo”. “Lo vamos a hacer de manera paulatina y gradual, para que esas inversiones den sus frutos y faciliten la disponibilidad de recursos”, destacaba.

Ribera subrayaba que estos planes hidrológicos abarcan el 86% del territorio nacional, afectan al 65% de la población y disfrutan de una inversión de 22.844 millones de euros, de los cuales algo más de 10.000 millones son de inversión estatal. La ministra destacaba que “nunca jamás” se habían destinado tantos recursos en el país como hasta ahora.