Este martes, como estaba previsto, el Gobierno ha aprobado la planificación hidrológica de una docena de cuencas de los ríos que pertenecen a su ámbito al extenderse por varias comunidades. Transición Ecológica recibe el respaldo de Castilla-La Mancha, pese a las protestas de regantes de otros territorios, siendo Aranjuez el eje sobre el que pivota el plan, donde también se establecerá un mínimo progresivamente. Asimismo, determinan la desalinización como método compensatorio para la reducción del volumen del trasvase.
El Real Decreto diseñado por Transición Ecológica incluye la revisión de los planes hidrográficos de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar. Además, se contempla el tramo español de ríos compartidos con Portugal (Miño, Sil, Duero, Tajo y Guadiana); y con Francia (Cantábrico Oriental y Ebro). La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha subrayado que este articulado responde a una muestra del trabajo “escrupuloso y riguroso” que evidencia los métodos de trabajo y “gestión” del Ejecutivo, que se desenvuelve con “anticipación” y eficacia.
Tras la presentación inicial de Rodríguez, la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Teresa Ribera, ha recogido el testigo y ha desgranado los pormenores del Real Decreto. Doce cuencas que abarcan un 86% del territorio y un 65% de la población, tras un dilatado proceso de tramitación que, finalmente, facilitará la planificación con la aportación de todas las partes implicadas.
Ribera ha hecho hincapié en que por primera vez se tienen en cuenta escenarios de cambio climático o factores como inundaciones, obligaciones de saneamiento y depuración, contaminación difusa o gestión sostenible de las aguas subterráneas. Además, contempla un pan para garantizar la seguridad de suministro y el mantenimiento de planes específicos para la preservación de la biodiversidad en enclaves protegidos como Doñana, el Delta del Ebro o las Tablas de Daimiel.
La normativa incluye un plan que facilita la preparación ante el riesgo de inundación, así como una mejora de las inversiones hasta niveles “nunca conocidos” en España para implementar el área de “saneamiento y depuración”, dado que, según ha explicado Ribera, el Estado aún sigue pagando multas en este ámbito.
Desalinización como compensación
Una de las cuestiones que más controversia ha generado en torno al Real Decreto hidrográfico pasaba por el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo. Ello supondrá una reducción del volumen de agua trasvasable del Tajo al Segura. Ribera ha garantizado el compromiso del Gobierno con el litoral levantino, pero ha enfatizado en la necesidad de anticiparse para garantizar la disponibilidad de agua en zonas de riesgo por escasez de recursos hídricos.
Esta aplicación garantizaría la “buena gestión” con un caudal ecológico que no imprima “ningún riesgo” para las cuencas que se han beneficiado hasta la fecha del Tajo-Segura. Esto es, la nueva planificación alberga una reducción de unos siete hectómetros cúbicos del caudal trasvasable del Tajo al Segura en 2003, hasta llegar a los 8,65 hm3 en 2026. En el “peor de los escenarios”, la reducción máxima pivotará entre los 70 y 110 hm3. ¿Cómo se compensará este recorte? El Gobierno lo compensará con inversiones destinadas a agua desalada y reutilizada.
Para evitar que estos recursos supongan una “carga inasumible” a los agricultores, el Ejecutivo se compromete a topar el precio del agua desalada en 34 euros. Ribera ha reconocido al president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, su voluntad a que estas inversiones se gestionen en condiciones de “transparencia”, sean “participadas” y que Moncloa rinda cuentas del cumplimiento de los diversos “hitos” de la planificación.
La ‘guerra del agua’
Durante el turno de preguntas, se ha interrogado a la vicepresidenta tercera sobre la “guerra del agua”, aunque ha preferido quedarse con expresiones arquetípicas, sino que entiende como crucial “trabajar en lo que une” y no en lo que enfrente a territorios para encontrar soluciones “juntos”. Ribera ha agregado que “nunca antes” se habían destinado “tantos recursos”, por lo que ha garantizado la “total” disponibilidad del Gobierno para seguir cooperando con “todos los actores” implicados.
