La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bebe agua en una imagen de archivo. EP.
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El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Canal de Isabel II, a través de la Comunidad de Madrid, frente al Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos del Tajo y otras demarcaciones hidrográficas.
En una Sentencia conocida el pasado jueves 19 de diciembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha rechazado todas las impugnaciones realizadas por la Comunidad de Madrid, a través del Canal de Isabel II, tanto sobre la implantación de caudales ecológicos incluida en el Plan Hidrológico del Tajo como sobre los porcentajes mínimos de reducción de la carga contaminante que contempla.
Este varapalo judicial desmonta toda la búsqueda de enfrentamiento con falsedades, vergonzosas declaraciones hiperbólicas y todo el lamentable repertorio al que desgraciadamente nos tiene acostumbrados la señora Ayuso y su coro de aplaudidores, a quienes poco importa utilizar en esta ocasión para tan espurio propósito a Canal de Isabel II, primera empresa pública de la Comunidad de Madrid cuyo riesgo reputacional debería de cuidarse tras años y años de escándalos con su consiguiente perdida de prestigio.
Declaraciones de la presidenta de la Comunidad afirmando sin sonrojarse que con este Decreto “Sánchez pretende que Madrid se rinda por sed” o que “Ha llegado a apropiarse de los recursos naturales de todos los españoles y ha aprobado un real decreto que pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi siete millones de madrileños” deberían, si de un modelo político mínimamente decente, venir acompañadas ahora de alguna rectificación a modo de disculpa. Pero cómo esto no es de esperar, al menos no estaría mal que se replanteara de una vez por todas esta forma de entender la práctica de la gestión de gobierno por otra en la que, de verdad, prime el interés superior de las madrileñas y los madrileños por encima de lo que voten.
Así mismo esta sentencia es un ejemplo de que el gobierno de España legisla y gobierna para todos los españoles, cuyo único objetivo es el bien común, el progreso económico y social, aún a riesgo de sufrir el acoso y la difamación de algunos.
Deberían otros mirar si ese es su objetivo, con inversiones fuera de la Comunidad de Madrid que lo único que acarrean son problemas económicos y daño reputacional, que solo han beneficiado a unos pocos y perjudicado a muchos. O con la venta de patrimonio público para que se realicen viviendas de lujo, solo aptas para una minoría con gran capacidad económica.
Y es que el único peligro que ha existido para el agua de los madrileños ha sido en demasiadas ocasiones los desmanes del Partido Popular en el Canal de Isabel II, utilizada sin pudor como caja B por determinados dirigentes de la derecha madrileña que a la vez que engrasaban la maquinaria electoral llenaban sus bolsillos.
Ya es hora de cambiar de políticas. ¡Madrid no se merece tanta mentira e inútil obsesión con esta estéril estrategia de confrontación!
Diego Cruz Torrijos es diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid
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