A tan solo unos días de que se dé comienzo oficial al nuevo curso político con la llegada de septiembre, el Gobierno se prepara para afrontar algunos puntos sensibles en materia social, política y económica con el ambiente ya caldeado. 

Tras un verano convulso, con máximos históricos en el precio de la luz o las polémicas devoluciones en caliente por las crisis migratorias, entre otros asuntos, el Consejo de Ministros tendrá que hacer frente, al menos, a estos cinco puntos calientes.

1. La subida del SMI

Tras las presiones de los agentes sociales, y el empuje de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, finalmente el Gobierno ha aceptado estudiar la subida del Salario Mínimo Interprofesional de cara a este nuevo arranque de la actividad parlamentaria. 

Los datos económicos nos están acompañando

El Ejecutivo está preparando una propuesta para llevar este septiembre a la mesa del diálogo social para su aprobación y su entrada inmediata en vigor. Esto sucede por los buenos datos del empleo en los últimos meses, que -con 20 millones de personas ocupadas en julio y una afiliación a la Seguridad Social previa a la pandemia- han acabado por decantar la balanza hacia el aumento de este indicador.

"Los datos económicos nos están acompañando, el Gobierno estudiará esa posibilidad", ha confirmado este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros tras el parón de verano. "En septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento", dijo ya a finales de julio Nadia Calviño, ministra de Economía, que antes se mostraba en contra de la postura de Díaz. 

Los sindicatos ya han anunciado su apoyo a la subida del SMI, congelado a principios de este año a la espera de una mejora en los datos del paro. ''Lo razonable sería que el Gobierno nos haga una propuesta de aumento para aplicarla en septiembre u octubre'', señala el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. La CEOE, por su parte, ha mostrado su rechazo. 

2. La derogación de la reforma laboral

El Gobierno de coalición terminó el anterior curso político dejándose para septiembre la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. En la última reunión de la mesa negociadora celebrada en julio, los avances fueron nulos y se puso de manifiesto, una vez más, el desacuerdo con la patronal.  

Ahora se espera que empresarios, sindicatos y el ministerio de Trabajo se vuelvan a reunir este mes para llegar a un acuerdo. Sobre todo en lo referente a la temporalidad, el aspecto que más está dilatando la resolución de los pactos. Y es que la CEOE rechaza el planteamiento de Díaz, que propone reducir a tres los tipos de contrato y limitar la modalidad temporal. La patronal ha tachado estas propuestas de "marxistas" y se ha opuesto frontalmente ya que -dice- demoniza la contratación y la tacha de precaria.

El diálogo social está avanzando positivamente

"Sólo desde una posición puramente ideológica se puede llamar precariedad a la temporalidad", aseguró su presidente Antonio Garamendi. Con todo, Unidas Podemos da por hecho la derogación completa de la reforma laboral como parte ''de la agenda social del Gobierno de coalición''. Han asegurado ''que el diálogo social está avanzando positivamente'' y que ''culminará en los próximos meses''.

3. Regulación de la vivienda

Uno de los aspectos más importantes en la derogación de la reforma laboral es el relativo a la regulación de la vivienda. Con más de seis meses de retraso con respecto al acuerdo firmado por el Gobierno de coalición, el Consejo de Ministros tendrá que retomar este nuevo curso la negociación de la nueva Ley de Vivienda.

El punto más conflictivo es el precio del alquiler, y es que el PSOE se niega a bajarlo por ley, como pide Unidas Podemos. Este desencuentro se volvió a poner de manifiesto en la última reunión celebrada el pasado mes de julio entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra.

La propuesta de los socialistas es dar la posibilidad a las Administraciones de congelar los alquileres en las zonas donde estén muy elevados, aunque recoge permitir a los propietarios incrementar el precio hasta en un 10% si el contrato es con un nuevo inquilino. Podemos, por su parte, exige establecer límites que obliguen a bajar los alquileres que ya existen. La titular de Transportes, sin embargo, lo rechaza.

Con esto como uno de los puntos clave para diseñar los próximos Presupuestos Generales del Estado, ambos socios de coalición se comprometieron a seguir negociando, lo que sucederá previsiblemente en las próximas semanas. 

4. Las devoluciones en caliente de Marlaska

La vuelta a la actividad parlamentaria tras el parón estival ha traído contigo nuevos debates políticos en la coalición. Entre ellos destaca las polémicas devoluciones en caliente permitidas por el ministro del Interior, Fernando Grando-Marlaska, como encargado de coordinar a la Delegación del Gobierno en materia de seguridad.

El operativo de devolución a Marruecos de los 800 menores que llegaron en la crisis fronteriza de mayo ha generado el malestar de Podemos. Belarra, secretaria general y la encargada de Derechos Sociales, ha mostrado su rechazo frontal con la forma de proceder de Marlaska ya que entiende que estos menores no han sido repatriados con garantías.

Este martes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ordenó mantener la suspensión de la repatriación de nueve niños migrantes marroquíes a su país. Ante esto, desde la formación morada aseguran que "el acuerdo con Marruecos, un país que vulnera los derechos humanos, no está por encima de los derechos de la infancia".

Así, el Gobierno se va a tener que afrontar las turbulencias que este asunto ha causado en las últimas semanas, a lo que se suman las críticas por parte de la oposición. El Partido Popular ha pedido el cese de Marlaska y han avanzado que solicitarán ''en los próximos días'' la comparecencia del ministro en el Congreso.

5. El precio de la luz

La aprobación de la rebaja en la fiscalidad de la factura de la luz y el proyecto de ley para limitar los beneficios caídos del cielo de la hidroeléctrica y nuclear aprobados por el Consejo de Ministros este verano no ha sido suficiente para calmar los ánimos. 

Con nuevos máximos en el precio de megavatio, Podemos ha amenazado con salir a la calle para frenar la abusiva subida de los precios de la luz. Y es que el socio de Gobierno ha aportados algunas propuestas para abaratar el recibo, como establecer una eléctrica pública, marcar un precio fijo para la energía nuclear o un máximo para la hidroeléctrica.

Esta misma semana, el Ejecutivo se ha mostrado "dispuesto" a estudiar todas estas ideas, ya que -dice- "hay un objetivo a largo plazo de reforma del sistema y un marco de lucha contra el cambio climático". ''Estamos en un momento de estudiar y valorar todas las opciones, sabiendo que el compromiso del Gobierno es claro", ha asegurado la portavoz, Isabel Rodríguez.