La Diputación Permanente del Congreso se reúne este miércoles para decidir si se autorizan o no las peticiones de comparecencia extraordinaria del presidente Pedro Sánchez, las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, y otros ocho de sus ministros, todos ellos de la parte socialista del Ejecutivo y reclamados por el PP.

Dado que los meses de verano están fuera de los periodos ordinarios de sesiones, como establece la Constitución, es la Diputación Permanente del Congreso, una representación a escala del Pleno, la que tiene la última palabra sobre las comparecencias pedidas por la oposición.

A lo largo de las últimas semanas, el PP ha ido registrando peticiones de comparecencia de Sánchez y de varios ministros exigiendo explicaciones urgentes por asuntos como la subida del precio de la luz, la crisis de Afganistán, la devolución de menores de Ceuta a Marruecos o la evolución del calendario de vacunación.

Dos plenos extraordinarios

Así, la comparecencia del presidente del Gobierno se pide en el Pleno del Congreso para que rinda cuentas por la crisis de Afganistán y el plan de repatriación del personal diplomático allí destinado, y por la sentencia del TC que declaró inconstitucional el estado de alarma de 2020.

Por esa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma el PP también pide la presencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que formaba parte del equipo de Moncloa cuando se aprobó ese decreto.

Asimismo, el PP quiere que los ministros de Industria, Reyes Maroto, y de Exteriores, José Manuel Albares, expliquen al Congreso "los logros" del viaje que el presidente Sánchez realizó el pasado mes de julio a Estados Unidos.

El jefe de la Diplomacia es reclamado también por otro dos asuntos: la crisis de Afganistán y el conflicto diplomático con Nicaragua después de los comunicados contra España y la consiguiente llamada a consultas de la embajadora en Managua.

A la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se le piden explicaciones sobre las consecuencias y responsabilidades de la decisión judicial de suspender la ayuda pública de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra, que había sido cuestionada por la oposición.