El portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha reconocido no conocer la propuesta aprobada este miércoles por Moreno Bonilla para legalizar los regadíos ilegales en Doñana porque la leyó "en diagonal" tras el partido de Champions que enfrentó al Real Madrid y el Chelsea.

Sin embargo, y a pesar de indicar que no la conoce en profundidad, ha calificado de "desmesurada" la polémica sobre el parque nacional, que es una de las joyas ecológicas del sur de Europa, porque cree que cualquier cosa que se haga de ahora en adelante va a ser objeto de un debate "probablemente no analizada con la objetividad y la reflexión necesaria" por estar en proceso electoral.

"Tener una sensibilidad extraordinaria con el medioambiente, con la sostenibilidad de nuestro planeta, de nuestro país y singularmente con Doñana para nosotros es fundamental", ha remarcado el portavoz de campaña de los populares indicando que con su propuesta de Ley lo que pretenden es garantizar la actividad económica y la protección del medioambiente gracias a una "comisión técnica de expertos que analizará qué terrenos pueden ser regularizados o no", ha añadido. "El proyecto habla de reordenación del territorio", ha defendido Semper. "Yo tengo que ser honesto, ayer después del partido del Real Madrid, me puse a leer la proposición de ley; tiraría de argumentario si doy datos que no puedo afirmar", ha dicho el también portavoz.

Más duro se ha mostrado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dado la espalda a las amenazas de Bruselas con denunciar a España por esquilmar el acuífero que sostiene el Parque Nacional de Doñana. Según Feijóo el Gobierno se dedica a "enfrentar" autonomías en vez de sentarse a buscar soluciones. Además, ha asegurado que "ahora nadie se cree que al Gobierno le interese el parque de Doñana porque lleva muchos años sin cuidarlo".

La previsible multa de Bruselas

La Comisión Europea sigue muy de cerca todo lo que afecta al Parque Nacional de Doñana. La directora general de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer, envió hace un mes una carta al Gobierno de España en la que advertía de que si sale adelante la proposición de ley que regularizaría esos cultivos ilegales, la Comisión no dudará en adoptar “todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impusieran sanciones pecuniarias”.

No es la primera vez que Fink interviene ante la amenaza de regularizar los regadíos de los alrededores de Doñana por parte de la derecha, que gobierna esta comunidad. En enero de 2022, también con las elecciones a la vuelta de la esquina, advirtió de que esa denuncia estaba preparada si prosperaba otra proposición que buscaba lo mismo que la que ahora se ha aprobado en el Parlamento andaluz.

“En mi anterior carta de 31 de enero de 2022 ya le transmití la inquietud y estupefacción de la Comisión por el riesgo que una propuesta similar, presentada el 11 de enero de 2022, planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2021″, apunta en marzo de 2023 Fink en esta nueva misiva dirigida al embajador permanente de España ante la UE, Marcos Alonso.

Tampoco el Gobierno se va a quedar de manos cruzados. El Ministerio para la Transición Ecológica ha hecho pública una carta enviada por Teresa Ribera el pasado 20 de marzo a Juanma Moreno. El ella advertía al presidente de la Junta de Andalucía de la carta de la Comisión Europea amenazando con sanciones si se aprueba la proposición de ley sobre Doñana. No tuvo respuesta.

 

La norma aprobada por PP y Vox en Andalucía

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha acordado este miércoles continuar con la tramitación de la Proposición de Ley que regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva.

La Proposición de Ley de PP y Vox supone recuperar un texto que presentaron en enero de 2022, en la pasada legislatura, encaminado a propiciar que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental.

La precisión que ahora hacen ambos partidos es apuntar que "estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente".

La Proposición de Ley invoca la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para "equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana".

En la exposición de motivos del texto se señala que "en un ejercicio de honestidad, es sano recordar que no se trata de nuevos suelos agrícolas en modo alguno, son suelos agrícolas que lo eran antes de la entrada en vigor del Plan Especial, no se aumenta en modo alguno la superficie real y se busca dar una solución de legalidad y justicia material a ciudadanos y empresas".

La novedad de esta Proposición de Ley conjunta de PP y Vox en comparación con el texto de enero de 2022 es la inclusión de cultivos forestales de turno corto dentro de la zona de mayor protección de Doñana, descrita como Zona A en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD), aprobado en diciembre de 2014 con el Decreto 178/2014.