Soraya Sáenz de Santamaría ha vuelto este jueves a la carga contra las fake news. “¿Quién vigila a los vigilantes?”, se preguntaba la vicepresidenta al referirse a la “obligación del Gobierno de vigilar la proliferación” de las noticias falsas. El pasado lunes era el visecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, el que reflexionaba sobre este tema en un artículo en ABC.

Sáez de Santamaría asistió hoy a un encuentro organizado por Red.es y allí habló de “la dificultad” de legislar sobre las fake news y la complejidad de certificar una información sin limitar la pluralidad de opiniones. "¿Tenemos los gobiernos la obligación de vigilar la proliferación de las fake news? ¿Debemos los parlamentos regular esta situación?", continuaba.

La vicepresidenta añadió que "el Derecho a la información resulta menoscabado tanto si se evita el acceso a la información por parte de los ciudadanos, como si se menoscaba la verdad. La manipulación y el menosprecio a la verdad afecta a la capacidad de las personas para tomar decisiones".

"¿Tiene el Gobierno legitimidad para decidir qué es una fake news?", insistía Sáenz de Santamaría, que recordó que el plan de Seguridad Nacional presentado en noviembre incluye referencias específicas a la lucha contra el fenómeno de las fake news, "que no es nuevo", y que se "enmarca dentro de un fenómeno más amplio, "el de la desinformación".

Pablo Casado y sus fake news
El lunes pasado, Pablo Casado escribió un artículo en ABC sobre este asunto y acusaba a "independentistas y populistas" de crear noticias falsas. Al responsable de Comunicación del PP le replicó un tuitero recordándole sus propias fake news.

El tuitero recuperó el tuit de Casado en el que difundió un vídeo del Congo haciéndolo pasar por Venezuela, otro con un bulo sobre Podemos o aquel en el que mostró un gráfico falseado en televisión.






Casado no es el único que en el PP deja en aprietos a la vicepresidenta. El concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano echó mano de una información de El País para acusar a Jaume Roures de detener más de 250 millones de euros en paraísos fiscales. El diario de PRISA fue condenado a una rectificación íntegra y en portada sobre su noticia.