El diputado y portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha pedido a Yolanda Díaz menos gestos de cara a la galería y más interlocución con “su partido”, Podemos, para concretar y canalizar la propuesta de topar los precios de una cesta básica de la compra.

En una rueda de prensa en el Congreso, el dirigente independentista ha recordado que fue él mismo el primero que preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los precios de alimentos como el melón. En este sentido, ha aplaudido la iniciativa de la ministra de Trabajo, pero le ha reprochado que “aparte de hablar con las teles, que hable con su partido porque si no las propuestas se quedan en una portada y todos podemos quedar bien en una portada”.

Rufián ha ironizado con que, aunque Díaz “parezca un ente sin partido”, no deja de ser “extraño y anómalo” que no hable con su formación -la morada- para activar todos los resortes a su disposición y encauzar la medida. Asimismo, ha aprovechado la coyuntura para reclamar una renta básica para los más vulnerables deslizando que “si sumamos todos los cheques y bonos igual nos da para una renta básica de ciudadanía”. El tono ha alcanzado tal filo que incluso ha bromeado con que espera que Díaz no negocie las condiciones como “negoció la reforma laboral” a la que Esquerra votó en contra por ser descafeinada.

Por su parte, el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha apoyado la iniciativa: “Estamos hablando de una negociación en marcha y deseamos que tenga buen resultado porque es una buena iniciativa de Yolanda y va encaminada a un objetivo compartido: bajar la cesta de la compra”.

“Perfectamente legal”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo insiste en que su propuesta de acordar con distribuidoras y consumidores un tope a un listado de productos de alimentación básica “es perfectamente legal “ a pesar de las advertencias de la CNMC sobre la intervención del mercado. "No es que no vulnere la legalidad española y europea, sino que la respeta absolutamente y está basada justamente en el principio de la competencia", razonó este lunes tras mantener una reunión con responsables de empresas de distribución y de asociaciones de consumidores.

Díaz alegó que el Ejecutivo tiene las competencias para previa audiencia de los sectores afectados, “fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa”.

Sobre las críticas a que la medida podría afectar al pequeño comercio, ha argumentado que las tiendas de barrio no serán las que deban hacer ningún esfuerzo, sino las grande superficies: “A los que menos tienen no podemos pedirles más. A las grandes distribuidoras, igual que a las grandes energéticas igual que a la gran banca le podemos pedir esfuerzos. A una tienda de barrio creo que no le podemos pedir más esfuerzos, sino ayudarles y hacer una campaña a favor de que usemos el pequeño comercio”.

Tras mantener un primer encuentro el pasado jueves con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han reunido este lunes con representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones que lo integran. También han asistido representantes de la Asociación de Supermercados Distribuidores (Anged), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). La dirigente morada agradeció "su actitud constructiva” y se comprometió a un nuevo encuentro a su regreso del G20.