En una entrevista con el presidente de EFE, Álex Grijelmo, el jefe del Gobierno no ha dicho, respecto a la subida de impuestos, nada diferente a lo que han venido alegando otros miembros de su equipo. Así, la ha justificado con el aumento del déficit que encontró, según dijo, al llegar al Gobierno, que era superior a lo previsto en 20.000 millones de euros.

Justa y equitativa
Rajoy, que ha admitido que la medida es "dura y dolorosa”, ha asegurado que era “absolutamente imprescindible” y que “no quedaba otra opción”. Eso sí, ha defendido que es “justa y equitativa” y, ademas,  “fundamental para la credibilidad del país y poder financiarnos fuera".

No tiene en previsión subir el IVA
El presidente del Gobierno ha afirmado que no está entre las previsiones del Gobierno subir el IVA, aunque ha precisado que no le habría “temblado la mano" de haberlo tenido que hacer.  Sobre el sector financiero, ha confirmado que no habrá un banco malo y  que antes del 15 de febrero se aprobará un plan de reestructuración con criterios de saneamiento, transparencia y nuevas fusiones de entidades.

Una señal
Sobre la falta de una vicepresidencia económica, Rajoy ha dicho que “con cinco millones de parados la economía es lo más importante, y quería dar una señal de que el presidente va a dar la cara y no se va a esconder".

Las autonomías, responsables de la mayor parte del déficit
El jefe del Ejecutivo ha  dicho ahora que las comunidades autónomas han sido responsables de la mayor parte de la desviación del déficit público: 15.000 de los 20.000 millones de euros anunciados, un 2,7% del PIB, frente al 1,3 previsto, según datos aún no definitivos de la Intervención General del Estado (IGAE). Al respecto, ha indicado que la desviación en 2011 ha sido de 20.000 millones, lo que implica situar el déficit en un 8%, dos puntos por encima del 6% previsto, ya que cada punto adicional supone unos 10.000 millones de euros. El déficit del Gobierno central ha ha superado ligeramente el 5%, por encima del 4,8% esperado.

La desviación del Gobierno
Según el presidente del Gobierno, a la desviación de 15.000 millones de las comunidades autónomas se añaden las registradas en la Administración central, unos 3.000 millones, en la Seguridad Social, 5.000 millones, y en los ayuntamientos, unos 1.500 millones.