Rodolfo Martín Villa (1934) fue un político leonés que ocupó cargos importantes durante los últimos años de la dictadura franquista y la Transición, formando parte del equipo de Adolfo Suárez. Posteriormente, pasaría a las filas de UCD y del Partido Popular respectivamente.

El tiempo que estuvo en el Ministerio de Interior, ya en 1976, lideró algunos de los actos por los que hoy se le juzga y que tienen como eje principal la disolución violenta de manifestaciones. Encargado de la reconversión de las antiguas fuerzas de seguridad del franquismo, recibió el apodo de "la porra de la Transición" por parte de algunos sectores.

La polémica que le rodeaba le llevó a dejar la política en 1979, aunque volvería un año después. Con el desplome electoral de UCD se pasó definitivamente a las filas del PP, donde  finalizó su carrera. Desde entonces se dedica al mundo de los negocios, donde también ha sido cuestionado por sus acciones privatizadoras.

Delitos de lesa humanidad

Pendiente de juicio, el exministro declaraba esta semana por videoconferencia ante la jueza María Servini, que seis años antes anunciaba una orden de detención contra el exministro por delitos de homicidio agravado en el marco de una querella por delitos de lesa humanidad de la Dictadura. 

En concreto, se le acusa del asesinato de cinco obreros reunidos en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria, en 1976, las muertes de la Semana Proamnistía, en 1977 y la de un estudiante durante los Sanfermines de 1978. Ese año 150 personas que desplegaban una pancarta en la que se podía leer Aminstía Total resultaron heridas y la policía armada disparó contra un joven, terminando así con su vida. 

Sin embargo, para la jueza del caso su polémica actuación viene de antes, y es que, según la tesis que sostiene el ministro estuvo enmarcado dentro de un plan “sistemático, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno” a través de la "elminación física" de algunos de los representantes más participativos, perpetrada por grupos franquistas desde el inicio de la Guerra Civil hasta 1977.

Partidos y sindicatos, divididos

Los principales grupos políticos están ahora divididos sobre si debería ser o no condenado. Las voces que más se han oído de momento y por las que comenzaba una nueva polémica eran las de los expresidentes González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Los cuatro destacaban el papel de Martín Villa para impulsar la Transición. 

En el marco político actual, Unidas Podemos ha sido el primero en criticar esta decisión. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tachaba de "vergüenza" la defensa. 

Lo mismo hacían Gabriel Rufián e íñigo Errejón. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso se postulaba en contra de la decisión de los que fueran líderes del Ejecutivo, mientras el de Más País señalaba que era una "pena" que expresidentes y exsindicalistas "quieran influir para proteger a un ministro de la dictadura"

Por su parte, Inés Arrimadas deslizaba en rueda de prensa hace unos días que es imposible hacer un juicio objetivo "sin haberlo vivido". Asimismo, el PSOE no se ha posicionado aún sobre esta cuestión, aunque Bildu preguntará el miércoles sobre su opinión en la Cámara.

La división no se produce solamente en los partidos políticos, sino también en los sindicatos. Así, los exdirigentes sindicales Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez, Cándido Méndez y José María Fidalgo apoyan por carta a Martín Villa, mientras que UGT y CCOO se desmarcan de esta decisión.

Martín Villa reconoce "errores graves" durante su gestión, pero descarta el "genocidio"

En la declaración prestada a la jueza argentina, el pasado jueves Martín Villa reconocía que hubo "errores graves" en los asesinatos de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales, y reconocía casi como necesaria la reparación de las víctimas. Sin embargo, deslizaba que una cosa es eso, y otra "aceptar un relato de lo ocurrido, que lleva a la querella a afirmar incluso que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad". El exdirigente ha hablado incluso de falsedades en su catalogación de las muertes 

"De aceptarse la versión de la querella, si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad, situación que no me atrevo a calificar", llegaba a decir.

Finalmente, el acusado defendía que tras su mandato y, después de mucho tiempo, no quedó "ni un preso político" en la cárcel.