El candidato Pedro Sánchez ha abogado por un pacto de Estado para reformar el artículo 99 de la Constitución, que evite futuras situaciones de bloqueo a la investidura del candidato de la lista más votada a la Presidencia del Gobierno. Pero, qué plantea el citado artículo constitucional y qué requiere su modificación.

El artículo 99 de la Constitución, que regula el procedimiento para nombrar presidente del Gobierno, establece que será el Rey quien, tras la renovación del Congreso de los Diputados, llevará a cabo una ronda de consultas con los líderes de los partidos políticos y, a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno.

Mayoría o una segunda sesión de investidura

Tras este primer paso, el candidato tendrá que exponer su programa político y pedir la confianza del Congreso en una sesión de investidura. Si la Cámara otorga su confianza al candidato mediante mayoría absoluta, el Rey le nombra presidente del Gobierno.

En caso contrario, es decir, si el candidato no obtiene mayoría absoluta, deberá someterse a otra sesión de investidura, 48 horas después, siendo entonces necesaria una mayoría simple.

Nuevas elecciones

Según el artículo 99, “si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores”.

Finalmente, “si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso”.

La reforma constitucional que pide Sánchez

Para llevar a cabo la reforma constitucional que defiende el candidato socialista, es necesario recurrir al procedimiento ordinario, un proceso muy restrictivo y complejo que requerirá a Pedro Sánchez llegar a acuerdos con las principales fuerzas políticas, ya que los diputados socialistas no son una mayoría suficiente.

El reglamento del Congreso establece que, a diferencia de un proceso legislativo cualquiera, en caso de una reforma constitucional es necesario que ésta sea apoyada por al menos dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados.

Una vez llevada a cabo la iniciativa de reforma, ésta tendrá que ser aprobada, según recoge el artículo 167, por una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso (210 diputados) como en el Senado (160 senadores). Sánchez cuenta con 123 diputados y 137 senadores.