PP y PSOE han logrado un acuerdo en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, algo poco frecuente en el actual clima político de confrontación. Ambos partidos han sacado adelante una proposición no de ley (PNL) para limitar la venta de cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina y productos relacionados a canales autorizados y controlados, como estancos y establecimientos especializados, excluyendo internet y las tiendas generalistas.
La iniciativa, presentada por el Grupo Socialista y acordada posteriormente con el Partido Popular mediante una transaccional, fue aprobada con 33 votos a favor, dos en contra, los de Vox, y una abstención de Junts. El objetivo principal es reforzar la protección de menores y jóvenes frente al acceso a estos productos y ordenar un mercado que actualmente presenta importantes lagunas de control
La propuesta pretende concentrar la comercialización de estos productos en entornos controlados que cumplan no solo con los requisitos de edad, sino también con la normativa sanitaria, fiscal y medioambiental. De esta manera, solo se podrían vender en estancos y tiendas especializadas, quedando excluidos bazares, supermercados generalistas y plataformas de venta online sin una supervisión efectiva de edad.
El objetivo es reducir la facilidad con la que muchos adolescentes acceden actualmente a estos dispositivos, pese a que su venta está restringida a mayores de edad. Además, se busca reforzar la trazabilidad de unos productos cuya distribución presenta importantes lagunas de control, especialmente en el caso de dispositivos importados sin garantías sanitarias o fiscales, tal y como denuncian distintas voces del sector y estudios recientes en Europa.
Paradójicamente, el anteproyecto de ley antitabaco impulsado por Sanidad, que se encuentrs actualmente en periodo consultivo, establece la prohibición de fumar o vapear a menores, plantando incluso sanciones económicas para los padres o tutores legales, pero no incluye ninguna medida de control de puntos de venta.
Una herramienta para la cesación tabáquica
El debate sobre las alternativas sin humo como herramienta de cesación tabáquica para fumadores adultos ha dividido a gobiernos, expertos sanitarios y organismos reguladores. Países como el Reino Unido o Nueva Zelanda han desarrollado modelos donde los cigarrillos electrónicos se integran dentro de estrategias salud pública bajo condiciones estrictas de control, trazabilidad y supervisión.
La premisa es que, cuando estos dispositivos se comercializan en puntos claramente identificados para adultos, con control de edad y fiscalización, resulta más difícil su normalización entre menores. Por el contrario, la venta en bazares, tiendas no especializadas o plataformas digitales facilita la compra impulsiva y reduce la capacidad de control.
El problema del mercado ilegal
La iniciativa aprobada en el Congreso también se enmarca en la creciente preocupación por la expansión del mercado ilícito de vapeadores, especialmente en Europa. Diversos estudios recientes alertan de la entrada masiva de dispositivos ilegales, muchos de ellos procedentes de Asia, que no cumplen con los controles sanitarios exigidos por la normativa comunitaria.
Estos productos pueden presentar concentraciones de nicotina superiores a las permitidas, etiquetados incorrectos o componentes no declarados, además de escapar completamente al control fiscal. Su comercialización suele concentrarse precisamente en canales poco supervisados y en la venta digital.
Francia, quizá el país europeo más prohibicionista tanto del tabaco como de sus alternativas, se ha convertido en el país como mayor tráfico ilegal. El contrabando asciende a más del 40% del consumo y genera pérdidas fiscales de más de 4.300 millones de euros al año
Un informe reciente elaborado en Países Bajos por encargo del Ministerio de Sanidad, concluye que casi nueve de cada diez personas que vapean, consume productos ilegales o comprados a través de canales de venta no autorizados. Esto ha llevado al gobierno neerlandés a anunciar medidas contra este mercado negro y plantea prohibir también el almcenamiento de estos productos.
Sin embargo, el Consejo de Estado ha advertido de que esta postura prohibicionista podría empujar todavía más las ventas hacia canales clandestinos.
