Tras la publicación exclusiva de ElPlural.com acerca de la llamada a declarar a la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández Lobato, por un presunto caso de prevaricación y malversación en calidad de investigada, el PSOE de la localidad malagueña reclamará su dimisión si se abre juicio oral por su gestión en la empresa SOLIARSA.

Esta decisión ha sido anunciada este miércoles por parte del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ronda, Francisco Cañestro. En este sentido, el dirigente del PSOE ha señalado que Fernández Lobato ha sido citada a declarar por los presuntos delitos de malversación y prevaricación por su gestión en SOLIARSA, entidad de la que es presidenta del consejo de administración, a su vez que ha recordado que el juez ha denegado el archivo a petición de la propia edil.

Así las cosas, en el posible escenario en el que la alcaldesa sea “llamada a declarar en juicio oral”, los socialistas lo considerarían como “un hecho muy grave”: “Por primera vez la persona responsable en activo de la alcaldía de Ronda se sentaría en el banquillo, lo que, según la teoría que ha aplicado la propia Fernández para otros casos que han ocurrido en el municipio, supondría su necesaria dimisión y que el PP le vaya buscando un relevo”, ha reiterado.

"Vamos a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar al momento para solicitar el relevo en la alcaldía de Ronda, ya que, si con el paso del tiempo la instrucción sigue adelante y Maripaz Fernández no es capaz de explicar ante el juez o ante la Guardia Civil sobre si está exenta de responsabilidad por esta gestión que está siendo investigada, pediremos la destitución fulminante", ha añadido Cañestro.

No sin antes terminar, el portavoz socialista ha solicitado a la alcaldesa del PP que se haga cargo de los costes de su propia defensa, dejando al margen al Ayuntamiento, debido a que “la Audiencia Provincial ha constatado que existen indicios de contraposición de intereses entre los del Ayuntamiento de Ronda y los de Maripaz Fernández”.

La alcaldesa de Ronda, investigada por presunta malversación

Tal y como publicó este periódico este martes, la alcaldesa de Ronda ha sido llamada a declarar en calidad de investigada por un presunto caso de malversación y prevaricación, tal y como reza en el auto de la Audiencia Provicial de Málaga con fecha del día 11 de marzo de este año. Además de la edil, han sido llamados a declarar seis cargos más.

En un auto anterior del pasado mes de julio se señalaba: "Llévense a efecto las declaraciones de las personas referidas en las presentes actuaciones, instruyéndoles de sus derechos contenidos en los arts 118, 520 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". A su vez, se reclamaba la "hoja histórico-penal" de los investigados. En concreto, el primer auto hacía referencia a la empresa de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Soliarsa S.A., de la que Fernández Lobato es la presidenta del consejo administrativo.

Por su parte, la defensa de Fernández Lobato interpuso un recurso de apelación contra el primer auto, el cual fue desestimado de manera parcial: “Por ser una cuestión de orden público que afecta a la correcta constitución de la relación jurídico-procesal de la causa, este Tribunal debe llamar la atención del Juzgado Instructor y de las partes, para que se aclare cuál es el carácter y legitimación con el que actúa el Ayuntamiento de Ronda en este proceso”, se expuso en el texto.

Actuar conforme a la legalidad

Cabe recordar que la alcaldesa defendió adoptar las medidas necesarias sobre su gestión en la empresa municipal y que actuó “con el máximo respeto a la legalidad y en defensa de los intereses” de la ciudadanía de Ronda, según expresó el Ayuntamiento en un comunicado. La investigación tiene su origen en una auditoría realizada entre 2018 y 2019 “encargada por el propio gobierno del PP, nada más acceder a la alcaldía”.

Entonces, el Consistorio señaló que la principal edil fue llamada a declarar en calidad formal, por circunstancia objetiva, “sin que en ningún momento se le haya imputado haber realizado ninguna actuación ilícita”. Unas declaraciones que vinieron acompañadas de la reiteración por la que ni la alcaldesa ni otros cargos políticos actuaron en “los procedimientos de contratación” de la empresa.

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