Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 43 de Madrid ha impedido a la empresa Fidere, del fondo buitre Blackstone, que desahucie de una de las viviendas sociales vendidas por el Gobierno de Ana Botella a una familia con un menor, y le obliga a extender el contrato de arrendamiento a los 15 años y a darle opción de compra. Se trata del primer fallo de la Justicia favorable a los afectados por esta macroperación inmobiliaria, que perjudicó a 1.860 inquilinos de bajo recurso.
La presidenta de la asociación de afectados, Arancha Mejías, ha mostrado sus satisfacción por "la primera sentencia ganadora" en este caso, que es "esperanzadora" porque "se consigue un precedente muy valioso para futuros casos".
Un hito judicial en este caso
El abogado de la asociación, Mariano Benítez de Lugo, ha calificado la sentencia de "hito judicial" de "gran trascendencia de cara al futuro", ya que "puede extenderse sus efectos a las 1.860 viviendas de aquella infame venta a un fondo buitre", sobre todo porque el fallo "no tiene en cuenta un caso particular, sino que ofrece una teoría general sobre los derechos de las personas que alquilaron una vivienda a la antigua EMVS".
El letrado ha explicado que la jueza, Carmen Iglesias, ha desestimado la demanda de desahucio contra una familia con un menor por el término de su contrato de arrendamiento en un inmueble de la calle Lópe de Vega, y en su fallo "establece una prórroga del contrato durante 15 años y les concede el derecho a la opción de compra, un posibilidad que no figuraba en muchos de los contratos suscritos".
Se trata de una "sentencia catastrófica" para el fondo y lo seguro es que la recurrirá, según ha advertido Benítez de Lugo, que espera que la Audiencia Provincial de Madrid confirme el fallo de la jueza.
Críticas a la "inacción" de Manuela Carmena
El abogado y la presidenta de la asociación han criticado al Gobierno de Manuela Carmena en la capital por "mirar para otro lado", a pesar del informe de la Cámara de Cuentas, del proceso del Tribunal de Cuentas y del dictamen de un bufete de abogados contratados por la EMVS que desvelaron las irregularidades de esta operación. La razón para que el Ayuntamiento actúe de esta manera está, a juicio de Benítez de Lugo, en que "ha evaluado los costes económicos de la reversión y ya no le interesa meterse en esta aventura".
"Esta sentencia debería ser un revulsivo para el Gobierno de Carmena, para que abandone su inercia", ha afirmado el abogado, tras anunciar que esta mañana notificó el fallo judicial a la alcaldesa y a la teniente de alcalde, Marta Higueras.
Arancha Mejías ha reprochado al Ayuntamiento que incumpla su "compromiso electoral" y se quede en buenas palabras, pero no dé una solución a las familias, que "es lo que esperaríamos por su criterio de partido".
"El Ayuntamiento no ha tomado medidas judiciales ni políticas y se ha limitado a dar apoyo moral" a los afectados, ha criticado Mejías.
