Otro ministro del PP en funciones que deserta, después de la renuncia de José Manuel Soria por sus negocios panameños y de Ana Pastor para presidir el Congreso. Ahora será el titular de Sanidad y también presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, el que dejará sus funciones para ser el candidato popular a lehendakari en las elecciones autonómicas del 25 de septiembre. "Está muy bien estar en el Gobierno de España, pero también está muy bien volver a casa y defender tus ideas", ha declarado Alonso al anunciar su nuevo destino.
¿Alonso hablando de costes crecientes?
Todavía en clave nacional Alonso ha pedido al PSOE que se abstenga para que Mariano Rajoy forme un nuevo Gobierno y ha advertido a los socialistas de que "el coste del no" es "cada vez mayor para los españoles". Resulta paradójico que el dirigente vasco empiece así su carrera electoral, hablando de costes crecientes como si tal cosa cuando su periplo al frente de Vitoria se resume en eso, en un contrato ruinoso y blindidado para la ciudad que ha sido sancionado. Resulta no menos sorprendente que el PP devuelva al País Vasco a alguien que ha dejado esa imagen tras de sí.
Multa de casi 400.000 euros por el daño a la ciudad
El Tribunal de Cuentas condenó a Alonso como exalcalde de Vitoria y a su sucesor al frente de la ciudad, Javier Maroto -otro nombre ascendente en Génova 13- , así como al resto del gobierno municipal de la capital alavesa entre 2003 y 2007, a abonar la friolera de 393.862 euros. Sentenciaron que el Gobierno municipal del PP cometió una "negligencia grave" al firmar un alquiler gravoso para el Ayuntamiento, concretamente de unas oficinas en Vitoria. Alonso como alcalde y Maroto como concejal de Hacienda participaron en el pacto con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada en un informe técnico municipal.
Ignorando el informe municipal sin justificación
El Ayuntamiento del PP cerró el contrato pagando una renta de 12.500 euros al mes ignorando el informe técnico municipal que instaba a no pagar más de 10.168 euros más IVA al mes, así como una actualización en base al IPC interanual y que los gastos de comunidad corrieran por cuenta del propietario. Además el equipo de Alonso incluyó una actualización anual en base al IPC mas una serie de puntos de incremento dependiendo del año, así como que los gastos de la comunidad fueran a cuenta del arrendatario, además del IBI y basuras, y una cláusula de blindaje por 10 años. El contrato que finalmente firmó el consistorio con la empresa Sbayre, del citado empresario, mantuvo las condiciones del acuerdo de la Junta de Gobierno municipal y aumentó a 20 años la cláusula de blindaje. El Tribunal de Cuentas recuerda que aunque el informe técnico municipal no era vinculante para la Junta de Gobierno lo que hizo el Ayuntamiento fue "separarse" de dichas recomendaciones para "incluir en el contratos cláusulas de peor condición para el Ayuntamiento" sin una "justificación adecuada y suficiente".
