El Consejo de Ministros está empeñado en “salvar los muebles” en Castilla-La Mancha a su compañera,  María Dolores de Cospedal, quien siendo presidenta de esta comunidad se comprometió a que la localidad conquense de Villar de Cañas albergara el basurero nuclear que ninguna región de España quería. Compromiso que sufrió un duro revés cuando en julio de 2015 el socialista Emiliano García-Page le sustituía al frente del Gobierno castellano-manchego y adoptaba como primera decisión la paralización de las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC), ampliando  la zona de protección de la Lagua de El Hito de mil a 25.000 hectáreas y convirtiendo el entorno en área de protección especial para las aves. El sueño y los “intereses radiactivos” de Cospedal se venían abajo y los ecologistas, agricultores, cincuenta asociaciones y todos los partidos políticos, salvo PP y Ciudadanos, mostraban su satisfacción por la valiente y apoyada decisión de Page.

Los nacionalistas miran para otro lado

Sin embargo, Emiliano García-Page se ha topado con el bloque parlamentario formado por PP y Ciudadanos, dispuestos a sacar adelante el proyecto del basurero y de paso salvar la reputación de la ministra de Defensa en la zona donde ejerce su poder territorial, según fuentes consultadas por ELPLURAL.COM. Para empezar, la secretaria general, además de ministra, diputada y presidenta del PP en Castilla-La Mancha, ha ordenado a los pueblos del área de influencia del ATC que presenten sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia contra el decreto de protección ambiental, como así lo han hecho. Y ahora que el Gobierno ya no está en funciones, y parece dispuesto a agotar la legislatura, retoma el proyecto del cementerio nuclear con el apoyo decidido de Ciudadanos, cuya suma parlamentaria, 169 votos a favor, son suficientes para continuar con las obras en Villar de Cañas, ya que los votos de socialistas y Podemos no podrán paralizar el ATC, toda vez que catalanes y vascos se abstendrían para descartar sus territorios en una hipotética revisión de la instalación, y que Compromís, socio de Podemos, podría hacer lo mismo, ya que la localidad valenciana de Zarra estuvo en todas las quinielas.

Pendientes del TSJCM

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy, máxime si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha atiende los recursos de los pueblos y desautoriza el decreto de protección ambiental del Ejecutivo de García-Page, como así espera el PP y los recurrentes, puede en enero declarar el basurero nuclear Bien de Interés General. Lo que por ahora conocemos es que la redacción del proyecto de construcción de todas las instalaciones, incluidas los edificios complementarios, tiene desde hace un año adjudicatario en la UTE formada por la consultora de ingeniería Incosa y el estudio de arquitectura de Tomás Llavador. Los trabajos se concedieron por un importe de 718.246 euros, con una significativa baja del 60% sobre el presupuesto de licitación, que era de 1,8 millones de euros. Aunque el pastel total de esta mega obra supera los 1.200 millones de euros.

Falacias y chapuzas nucleares

Eso sí, más allá de que el basurero nuclear pueda acabar siendo otro gasto inútil si finalmente no se salva el bloqueo de la junta castellano-manchega, la chapuza ha sido la nota dominante en todo el proyecto, como así denunció Emiliano García-Page cuando decidió paralizar las obras del estercolero radiactivo.  “Aquí se han hecho las cosas de manera muy chapucera y cuando se vean las auditorías de lo que se ha gastado Enresa antes de que tenga la autorización definitiva, entenderán porqué lo estoy diciendo”, señaló el presidente manchego, descartando al mismo tiempo el argumento de la despoblación y revitalización de la zona para instalar en Villar de Cañas el almacén nuclear. “Poner un ATC a un coste de 1.200 millones de euros para generar 70 puestos de trabajo estables (17 millones por puesto de trabajo), la mitad para ingenieros especializados de Madrid, no es la solución", sentenció.

Informes contradictorios

Lo que está claro es que de todas las opciones que el Gobierno de Rajoy barajó para instalar el basurero nuclear (Albalá, en Cáceres; Ascó, en Tarragona; Congosto de Valdavia, en Palencia; Melgar de Arriba y Santervás de Campos, ambas de Valladolid; Villar de Cañas , en Cuenca; Yebra, en Guadalajara, y  Zarra, en Valencia), la conquense se antoja como la menos idónea, como así lo apuntan numerosos informes, entre los que destaca el correspondiente al Colegio de Geólogos que critica el inicio de las obras sin que hayan finalizado los estudios geotécnicos y geológicos del terreno. Y es que para los ecologistas y la Plataforma Anti-ATC, el “empecinamiento poco tiene que ver con la gestión de los residuos nucleares, pues ahora no hay razones objetivas que justifiquen la necesidad de un ATC”, añaden “el mantenimiento de este proyecto se sustenta, sobre todo, en la pretensión del Gobierno de seguir adelante con el negocio del ATC”. La organización ecologista recuerda que ENRESA ha adjudicado ya con cargo al almacén más de 70 millones y sacado a licitación proyectos, obras y servicios por otros 417 millones de euros, a pesar de no disponer ninguno de los permisos preceptivos. “Algunas de estas adjudicaciones podrían ser ilegales, por lo que, en su momento, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción”, recuerdan.

El precio de una reputación

Ante estos contrastados hechos, cabe preguntarse si Albert Rivera está dispuesto a desgastar la imagen de su partido, más todavía, y sólo por salvar la reputación de una de las políticas que, además, el líder catalán tiene serias dudas sobre su moralidad e idoneidad para desarrollar responsabilidades de Estado. Recordar en este sentido, que C’s se opuso con resistencia numantina a que Cospedal presidiera el Congreso de los Diputados, pero ahora todo parece indicar que apoyará al Gobierno en la construcción del basurero nuclear como si el veto en su día a la secretaria general del PP fuera un cargo de conciencia que hoy debe limpiar el partido naranja. El precio a pagar será muy alto, al menos en Castilla-La Mancha, comunidad en la que los de Rivera perdieron en junio los tres diputados conseguidos en las elecciones de diciembre de 2015.