La represión fue más allá del asesinato, el encarcelamiento y las torturas al adversario político. El franquismo, además de entregarse al saqueo propio de las batallas, sistematizó el robo de bienes y lo prolongó mucho después de la guerra. Un doble castigo que no solo pretendía el exterminio de las familias contrarias al régimen y de su futuro, sino que además codiciaba el beneficio de los golpistas en general y del dictador en particular. Pero el castigo económico, mediante un entramado de leyes dirigido a reforzar sus arcas y a impedir cualquier posibilidad de reorganización de su oposición, no solo afectó a particulares, sino también a las Administraciones. 

En el caso de Galicia, la batalla legal para desmontar la riqueza expoliada por los Franco ya ha comenzado. Varias administraciones, entidades civiles y grupos de trabajo buscan la mejor estrategia para lograr la devolución de las propiedades, que no son ni pocas ni pequeñas, como la joya de la corona: el Pazo de Meirás. 

Entre los regalos que los ayuntamientos cedían a esta familia con ánimo de lucro, se encuentran dos figuras del S.XII que pertenecieron al Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela: Isaac y Abraham. El Ayuntamiento de la capital gallega denunció a los Franco para recuperar estas piezas del patrimonio artístico gallego, que la familia del dictador tomó como suyas sin ningún tipo de transacción legal. 

Con fecha 8 de febrero, la jueza Adelaida Medrano Aranguren, dictó una sentencia, publicada por El Independiente, contra el consistorio compostelano porque la familia Franco habría obtenido la titularidad de los bienes por "usucapión", es decir, la adquisición de la propiedad mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previstos en la ley. Por lo que la demanda habría quedado prescrita. 

Una jueza con un pasado familiar franquista

Es en este punto es donde Lourenzo Fernández Prieto y Antonio Míguez Macho, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago (USC) e investigador Ramón y Cajal en el departamento de la misma, respectivamente, desvelan en un artículo publicado en La Voz de Galicia el pasado familiar franquista de la togada. Tal y como relatan Prieto y Míguez, el ABC, el Hola, además del BOE, sirven para "encontrar como testigos en la boda del capitán Medrano y la señorita Aranguren en 1962 al secretario particular y primo del dictador Francisco Franco, Salgado Araújo, Pacón, además de Luis Carrero Blanco, Camilo Alonso Vega o Agustín Muñoz Grandes, entre otros jerarcas de la dictadura. Estaban allí porque Carmelo Medrano, padre del novio, subsecretario del Ministerio del Ejército en aquel momento, era uno de los suyos. Golpista de primera hora en Melilla el 17 de julio de 1936, firmará justo debajo del propio Franco el parte de guerra de la victoria en abril de 1939".

Con estos datos los especialistas quieren reflejar que "al enterarse de la sentencia y de su literalidad, como historiadores, les llamó la atención el relato histórico que la fundamenta, por lo que buscaron una explicación en el pasado a un hecho histórico que se trata en el presente, desconociendo la erudición que la Historia aporta. Ya que percibieron que "en esta sentencia se hace una valoración en el que la memoria y la afectividad entran en juego inconscientemente, pero también las relaciones sociales y eso que llamamos pautas culturales, construidas históricamente".

El relato político prevalece al histórico desde 1936

Desde un punto de vista histórico, ha relatado Fernández Prieto a ElPlural.com,  esta sentencia "contiene un relato del pasado, en donde no se identifican las condiciones de una dictadura y las circunstancias políticas especiales". Asimismo, ha añadido el docente, es necesario que “cuando se habla de algo del pasado hay que contextualizarlo y no solo tener en cuenta la ley actual, sino el cambio de la misma, es decir, la Constitución".

La sentencia, ha categorizado Prieto, menciona las leyes "pero está juzgando algo que tuvo lugar en el pasado, sin entender lo que ocurrió y sin utilizar los mecanismos intelectuales para comprenderlo. Por lo tanto lo que hay es un prejuicio sobre hechos de la historia de España, que no están fundamentados en el conocimiento".

El tratamiento que se hace en el Estado español del franquismo, a diferencia de otros países que sufrieron regímenes dictatoriales, ha matizado el catedrático, tiene que ver con "la fuerza que tuvieron los franquistas para hacer la Transición y con que el dictador ganó la guerra. Cosa que no pasó en Alemania con Hitler. Hay que entender el porqué aquí no sucede lo que pasa en el país germano. En España tenemos un problema colectivo de no saber mirar hacia nuestro pasado. Esto implica tener el conocimiento no solo de las causas, sino también de quienes fueron las víctimas y los verdugos".

En definitiva, ha terminado Lourenzo Fernández, se debería de hacer “más caso a los historiadores. El relato que existe desde 1936 es un relato político, pero la política no le hace caso a la Historia".