Podemos registra este lunes una solicitud formal en el Congreso de los Diputados para la creación de una comisión de investigación relativa a la corrupción de la monarquía. La propuesta será presentada por Ione Belarra y Rafael Mayoral, a quienes acompañarán Joan Margall (ERC) y Joan Baldoví (Compromís) en representación de los grupos parlamentarios que apoyan la comisión.

Mayoral ha destacado que el rey emérito podría ser juzgado ante el Tribunal Supremo porque perdió la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución. Tanto Podemos como ERC y Compromís han subrayado que las fuerzas monárquicas deberían “ser las primeras interesadas” porque aumentar la transparencia de la Corona podría fomentar un mayor apoyo.

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos ha pedido al recién nombrado presidente del PP, Pablo Casado, que “reconsidere su posición” y ha solicitado el apoyo de PSOE y Ciudadanos, que “no han dicho nada” y prefieren esperar a las explicaciones del CNI.

Mayoral ha comunicado que dado que Irene Montero está de baja por maternidad, han iniciado los trámites para que la Cámara vote el cambio de portavoz del Grupo Unidos Podemos en la comisión de gastos reservados para que los morados pueda tener representación durante la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz Roldán, quien comparecerá el día 25 de julio para ofrecer explicaciones.

Podemos, ERC y Compromís aún no han puesto sobre la mesa nombres de posibles comparecientes en la comisión porque “las hemos dejado abiertas” para alcanzar un consenso.

En las últimas semanas las grabaciones en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein en las que desvela los sombríos y opacos negocios del rey Juan Carlos I en el extranjero han tensado la relación entre PSOE y Podemos. Los morados solicitaron a Pedro Sánchez la creación de una comisión, pero el presidente del Gobierno respondió a la petición de Alberto Garzón instándole a trabajar desde la comisión de los gastos reservados (extinta comisión de secretos oficiales) y tras las explicaciones del director del CNI. Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que se llegará al fondo del asunto para esclarecerlo, ya que considera "gravísimo" la presunta utilización de los aparatos del Estado para obtener información y luego usarla para chantajear.

"El Parlamento se dota de sus comisiones, tiene una de gastos reservados, y esperamos a las aclaraciones del director general del CNI y, a partir de ahí, actuaremos. Luego veremos el proceder", argumentó Pedro Sánchez durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Los negocios de su majestad

Corinna relató que el rey emérito estaría utilizándola como testaferro con el objetivo de ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero. Según unas grabaciones desveladas por El Español, y Okdiario, la alemana se lo confesó al polémico comisario José Manuel Villarejo en una reunión que mantuvieron en Londres en el año 2015 y que fue facilitada por el empresario Juan Villalonga, que también estuvo presente en la cita. Corinna asegura que Juan Carlos I habría desviado parte de su patrimonio, poniéndolo a su nombre a sus espaldas: “No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque reside en Mónaco”.

En las grabaciones, la examiga del rey emérito también cuenta que Juan Carlos I recibió una comisión de los 100 millones de euros del proyecto del tren de alta velocidad a La Meca; y aseguró que tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón.

Las acusaciones vertidas han provocado un auténtico movimiento de placas tectónicas. La Audiencia Nacional ya tiene en su poder las grabaciones y deberá dilucidar si acusa a Corinna de blanqueo de capitales. La cuestión es si también puede investigar a Juan Carlos I.