Las direcciones regionales del PP toman nota del “olor a napalm en Génova”, según la zumbona expresión del diputado de Compromís Joan Baldoví. Madrid es el corazón de la derecha española y desde hace unos días ese corazón late aceleradamente debido a la pugna abierta entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en la comunidad.

El órdago lanzado por la presidenta autonómica el viernes pasado al postularse sorpresivamente como aspirante a presidir el PP madrileño y reclamar que el congreso del partido se celebre cuanto antes, y no cuando toca, confirmó las sospechas hasta ahora nunca explicitadas de Génova: Ayuso aspira a ocupar, antes que después, el sillón de Pablo Casado.

El control de la poderosa maquinaria orgánica de Madrid mejoraría significativamente las opciones de Ayuso para acabar postulándose como lideresa nacional del PP y candidata a presidenta del Gobierno de España. Por eso Casado se ha plantado: si Ayuso quiere ganar el congreso de Madrid tendrá que derrotar al alcalde José Luis Martínez Almeida. Guerra, pues, en Madrid con las apuestas, por cierto, a favor de Casado y el alcalde.

A lomos de una doble victoria

Casado está convencido de que cuanto antes se celebren elecciones generales, mejor para él. Todas las encuestas le auguran la victoria y la investidura con los votos de la extrema derecha. Pero si las cosas salen mal, el recambio natural sería Isabel Díaz Ayuso.

E incluso si las generales tardan demasiado tiempo en celebrarse, una Ayuso con el PP madrileño bajo control podría tener la tentación de forzar la sustitución anticipada de Casado: al fin y al cabo, tras su arrolladora victoria del 4 de mayo en Madrid que dejó a Vox en los huesos, la candidata preferida por los votantes del PP es ella y no el actual líder.

Fuentes familiarizadas con los planes de Génova sostienen que Casado acaricia la idea de que Andalucía y Castilla y León adelanten simultáneamente sus elecciones autonómicas a marzo de 2022: la casi segura victoria de Juan Manuel Moreno y Alfonso Fernández Mañueco metería presión a Pedro Sánchez, situaría al PP en la ola ascendente que busca todo partido antes de unas elecciones y catapultaría a Casado como candidato ganador. La fecha más probable sería el domingo 13 de marzo.

La idea no es disparatada. Tanto el Gobierno de Moreno como el de Mañueco atraviesan dificultades con sus socios: el primero con Vox y el segundo con Cs. En Castilla y León, esta misma semana el  PSOE de Luis Tudanca y Óscar Puente ha expresado su convencimiento de que habrá elecciones anticipadas en la región debido a “las tensiones” crecientes entre PP y Cs, los dos partidos que gobiernan la Junta.

Abundando en lo que ya es un lugar común en muchos mentideros castellanos, el secretario general de los socialistas castellano-leoneses, Luis Tudanca, dijo estar “preparado para unas elecciones que, de ser convocadas, lo decidirá Pablo Casado”.

Una relación poco fluida

En Andalucía, en cambio, la conexión Casado-Moreno es mucho menos fluida. El pulso de Génova a San Fernando en el congreso a cara de perro del PP de Sevilla, con saldo favorable a los de Casado, ha abierto una cierta brecha entre ambos aparatos. Hasta ahora, Moreno no ha compartido las prisas de la dirección nacional del partido de adelantar las andaluzas.

El presidente quiere alargar la legislatura todo cuanto sea posible, aunque empieza a ser consciente de que el apoyo de Vox está menguando a un ritmo uniformemente acelerado. Los ultras no cesan de repetir que ni siquiera quieren sentarse a negociar los Presupuestos de 2002, en cuyo caso el Ejecutivo tendría o bien que prorrogarlos, institucionalizando así su debilidad parlamentaria, o bien que intentar su aprobación con el voto del PSOE de Juan Espadas, de cuya mano tendida a San Telmo no le faltan razones para desconfiar.

El discurso oficial de San Telmo es, en todo caso, el mismo de cualquier presidente de gobierno, sea del color que sea: el único plan es agotar la legislatura o, en el peor de los casos, ir a un adelanto técnico de unos pocos meses. Convocar en marzo, simultáneamente con Castilla y León, sería adelantar nueve meses, pero a Moreno le sería fácil endosar a Vox las culpas por haber retirado su apoyo parlamentario al Gobierno de PP y Cs. 

Sea como fuere, la fecha adelantada de unas elecciones es una decisión estratégica que, por definición, nunca se filtra: hacerlo anticipadamente sería compartir con el adversario una información demasiado valiosa. Se trata de un dato, que, por definición, solo conoce y administra el presidente.

Cuando el líder de Cs y vicepresidente de la Junta Juan Marín o el portavoz de la Junta Elías Bendodo se lanzan a dar fechas, impliquen o no éstas un adelanto electoral, no están dando información propiamente: están colocando mercancía averiada en el parqué mediático, sin duda, pero tienen las mejores razones para hacerlo. Las mismas que tiene el ministro de Economía que niega la devaluación de la moneda del país hasta unas horas antes de devaluarla o que tiene el presidente autonómico que promete agotar su mandato hasta que la legislación electoral le obliga a revelar la fecha del adelanto tantas veces negado.