El PP asegura que respeta la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de aplazar al próximo lunes el pleno en el que optarán por reconocer o no el recurso presentado por su partido, aunque afea al órgano jurídico no haber tenido una "respuesta rápida" ante los “desmanes legislativos” por parte del Gobierno. 

En declaraciones llegadas a este medio, el partido conservador se mantiene en sus trece y sostiene que la decisión socialista “vulnera los derechos de los diputados de las Cortes generales” y “compromete las garantías del sistema parlamentario español”.

En esta línea se ha pronunciado el partido de Alberto Núñez Feijóo sobre el dictamen que ha llevado a cabo el Constitucional tras la mesa de “carácter urgente” que este jueves iba a decidir si admitía a trámite o no el recurso de amparo presentado por la oposición como respuesta a la reforma del Código Penal que pretende impulsar el Ejecutivo Central. Todo ello mientras que en el Congreso de los Diputados se vota una normativa que facilite el “secuestro” del PP a las instituciones.

El lío está asegurado con una derecha contraria a la soberanía popular -según denuncia la coalición- y unos socialistas y morados que han unido fuerzas ante la intromisión del Tribunal Constitucional. Lo han hecho con calificativos muy duros, llegando a sostener que se trata de “la amenaza más grave a la democracia desde el 23F”, aunque no son los únicos que se han pronunciado en esta dirección.

Así las cosas, tanto PSOE como Unidas Podemos lamentan que el órgano solamente haya escuchado hasta el momento las razones de los populares y no así de sus formaciones. El grupo morado ha presentado además un incidente de recusación contra Pedro González-Trevijano, presidente del TC y Enrique Arnaldo Alcubilla, quien guarda importantes vínculos con Génova 13.

Reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal planteada por Moncloa pasa por varios puntos: desde la derogación del delito de sedición hasta la introducción del de enriquecimiento que permita castigar a los cargos públicos que estén en posesión de un enriquecimiento superior a 250.000 euros cuando la cantidad no se encuentra justificada.

Sin embargo, el punto más caliente hasta el momento -al menos el que está siendo protagonistas en las últimas horas- es el que tiene que ver con el desbloqueo de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al TC.

La idea del PSOE era aprovechar el resto de aspectos que guarda la reforma para tratar de acabar con el bloqueo a la Justicia que el PP mantiene desde que los populares decidieran dinamitar un acuerdo que ya parecía cerrado, precisamente por la posición que el Gobierno había adoptado sobre el delito de sedición.

Así las cosas, los socialistas han tenido que tirar de pirueta administrativa para sortear una situación que cada vez se vuelve más insostenible. Con este movimiento, ante el que el grupo del mandatario gallego ha presentado recurso y cuya aceptación o rechazo llegará el próximo lunes, los socios del Gobierno buscan obligar al CGPJ a designar a sus dos candidatos pendientes del TC.