Tras la aprobación de la reforma ‘exprés’ del Código Penal este jueves en el Congreso de los Diputados, y a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo del Partido Popular sobre la cuestión, la derecha se adelanta ante un posible fallo que no le favorezca para llevar la remodelación judicial del Gobierno de coalición a Europa.

Según publica este viernes El Confidencial, los servicios jurídicos del PP y Vox ya se encuentran estudiando nuevas iniciativas judiciales contra la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia jurídica.

Ante un escenario en el que el TC dictamine el lunes que no acepta su solicitud cautelarísima, Génova ya tendría preparado un recurso de inconstitucionalidad listo para cuando la proposición de ley obtenga el aprobado en el Senado y entre en vigor el próximo 23 de diciembre.

De este modo, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo no descartaría trasladar estas cuestiones con una queja a la Comisión Europea, alegando un “golpe al Estado de derecho”. Los populares afearon este jueves al TC su demora en dar una respuesta a su recurso, aunque muestran “respeto” por el órgano.

Por su parte, Vox también adoptará este camino, aunque los de Santiago Abascal irán un paso más allá elevando la reforma judicial al Tribunal Supremo. Asimismo, este partido también convocará próximamente movilizaciones en las calles para hacer notar su descontento con el Gobierno de Sánchez, una marcha a la que el PP de Feijóo no se sumará.

Cabe recordar así que otra de las bazas de Vox contra el Ejecutivo de coalición es una moción de censura contra Sánchez, por la cual están buscando a un candidato “neutro” para enfrentarle. A esta, tampoco se ha sumado el PP.

El lunes, fecha decisiva para el Constitucional

A pesar de que la reunión extraordinaria de los magistrados del TC se daría este jueves por la mañana, se aplazó al próximo lunes 19 de diciembre para estudiar con mayor profundidad el recurso de amparo y las medidas cautelarísimas presentadas por los populares.

En un comunicado, firmado por el presidente del órgano, Pedro González Trevijano, esta decisión vino dada por “la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión”, lo que les imposibilitó dar una “deliberación” clara. Una postura que marcó la votación de la reforma del Gobierno en el Congreso, aunque ésta salió adelante con 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención.