Con la investidura del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, decaída en dos tiempos, todos los focos se han colocado sobre el siguiente en la lista y con más posibilidades reales de prosperar: el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Un todavía no candidato oficialmente que, sin embargo, ya ha comenzado a dar los primeros pasos para asegurar su triunfo en una futurible votación. Para ello una de las cosas que están sobre la mesa es la aprobación de una ley de amnistía en connivencia con los partidos nacionalistas catalanes para dar solución al problema del procés. Una medida que no gusta a la derecha política pero tampoco a la política o la iglesia. Tanto los obispos como los fiscales conservadores se han pronunciado al respecto, situándose totalmente en contra o incluso instando a Europa a actuar.

Los obispos, contra la amnistía

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, se ha posicionado totalmente en contra de una ley de amnistía. En concreto, el también obispo auxiliar de Toledo ha considerado que España no vive actualmente una "situación histórica excepcional" que justifique la medida que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) exigen al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para apoyar su posible votación de investidura. Una cita todavía en el aire pero para la que el entorno socialista ya le ha puesto fecha a la luz del resultado fallido para el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El dirigente de los obispos se ha manifestado este jueves en ese sentido al ser preguntado por esta cuestión, candente a todos los niveles sociales y políticos, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de este órgano. Así, el secretario general ha defendido que existen herramientas en el ámbito del derecho a manos del Gobierno para "situaciones históricas muy excepcionales" al mismo tiempo que también ha querido recordar que ya se puso en marcha una amnistía para hacer frente al cambio de régimen en el marco de la Transición. Cabe señalar que García Magán no ha desligado este asunto de la investidura del líder del PP, que encuadra en la "normalidad democrática". 

La investidura de Feijóo, "normalidad democrática"

A su juicio, el pleno de esta semana en el Congreso de los Diputados demuestra que "no estamos ante una situación excepcional que haga imprescindible herramientas excepcionales". "Estamos ante una situación ordinaria de un pleno de investidura", ha sostenido el prelado antes de apuntar ante los medios de comunicación que "es bueno para todos el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional". Eso sí, también ha puntualizado que por el momento Sánchez "no ha dicho explícitamente que vaya a utilizar esta medida", en referencia a la ley. "Es bueno para una sociedad y para un país que se respete siempre el principio de separación de poderes porque es garantía de democracia y de legalidad", ha manifestado el obispo. 

Tal ha sido la sorpresa que ha generado sus palabras que desde la CEE han puntualizado que estas declaraciones son simplemente "una respuesta del secretario general a preguntas de los periodistas" y que no tiene el mismo peso que una nota o comunicado escrito de la Conferencia. Una postura igualmente llamativa ya que la iglesia española sí se pronunció a favor de los indultos a los presos condenados por el referéndum del 1 de octubre y el procés. Entonces lanzaron un escrito firmado secundando los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Tarraconense -que congrega todas las diócesis catalanas-. "Nosotros estamos por el diálogo y el perdón, como los obispos catalanes", sentenció en aquel momento el que fuera entonces dirigente de los obispos, Luis Argüello.

Los fiscales conservadores piden a Europea que actúe

También los fiscales del ala derecha se han pronunciado al respecto. En concreto, la Asociación de Fiscales (AF) -de ideología conservadora- ha pedido a la Unión Europea que actúe sobre la ley de amnistía pese a que esta todavía no está tan siquiera redactada. Los interventores han enviado una carta a los comisarios europeos Vera Jourová y Didier Reynders (avisador insistente al PP por el bloqueo del CGPJ) en la que piden que desde las instituciones europeas se advierta preventivamente a España sobre aprobar una amnistía a los encausados por el proceso catalán que no han sido juzgados, y piden que si finalmente se aprueba, la UE intervenga para "garantizar el cumplimiento de los estándares europeos" en nuestro país, dejando la puerta abierta incluso a activar las medidas sancionadoras que se ha movilizado con Hungría y Polonia.

La carta, que ha recibido Bruselas, señala que, "de concederse esa amnistía, se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico-institucional y, en definitiva, el Estado de Derecho en España". "Lo que exigiría, a nuestro juicio, la intervención de los órganos correspondientes de la Unión Europea, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en esta materia", señala la asociación, que añade "sin descartar lo dispuesto en el artículo 7, en relación con el artículo 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE)". Esta contempla la posibilidad de que "se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto" en el caso de que se pruebe "un riesgo claro de violación grave" de los principios y valores comunitarios.

Asimismo, la AF también solicita que, de llegar a ese escenario, "se pondere la aplicación del Reglamento (UE) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del mismo, relativo a la protección del presupuesto de la UE en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho de los estados miembros". Entre tanto, los fiscales urgen a los comisarios a instar al Gobierno español a que "se abstenga" de llevar a cabo esta norma "al entender que pone en situación de grave riesgo el Estado de Derecho en España por ser contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por lo tanto, por quebrantar algunos de los valores esenciales de la Unión Europea".