El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado deducciones fiscales para pensionistas y familias en el debate monográfico sobre pensiones. Este anuncio, junto a la promesa de subir las pensiones mínimas y las prestaciones por viudedad, constituía su paquete de medidas estrella en el Pleno de este miércoles con el que quiere desactivar la movilización masiva de los jubilados en defensa de las pensiones públicas. Sin embargo, nada de esto es nuevo. Las deducciones fiscales ya las anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en noviembre y repitió hace un par de semanas. En cuanto a la subida de las pensiones de viudedad, en realidad está obligado por una ley del Gobierno de Zapatero.

Una propuesta condicionada a la aprobación de los presupuestos

Ni Mariano Rajoy ni Montoro han dado detalles de cómo se aplicaría esa rebaja fiscal. Eso sí, ambos lo han condicionado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que dependen del voto favorable de Ciudadanos y PNV.

Cuando Montoro hablo hace dos semanas de una "deducción por edad" provocó la reacción de los técnicos de Hacienda, GESTHA, que le recordaron que más del 63 % de los jubilados españoles ya están exentos del pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Obligado por una ley...

Tampoco es novedoso el anuncio de subir las pensiones de viudedad más bajas, a la que está obligado en virtud de la reforma aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, tal y como le ha recordado Margarita Robles. "¿Dice ahora que las va a subir? ¡Obligado por ley!", le ha espetado la portavoz socialista. "Debería darle vergüenza que con una subida de dos euros en las pensiones más bajas venga aquí a dar ese discurso", ha añadido.

...de Zapatero

En el año 2011 el Gobierno socialista decidió subir las pensiones de viudedad aumentando la base de cálculo al 60%. Fue una de las medidas adoptadas por Zapatero para paliar los efectos de la crisis entre la población más desfavorecida. Mariano Rajoy paralizó ese incremento al llegar a Moncloa y ha tardado ocho años en aplicarla, ya que, egún el decreto aprobado en diciembre, no se aplicará hasta el 1 de enero de 2019.