Extracto de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno de Madrid el 31 de mayo de 2006.
El día 31 de mayo de 2006, bajo la presidencia del entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, el Ayuntamiento de Madrid acordaba proponer al Pleno la concesión de la Medalla de la Policía Municipal al entonces Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Moix. El acuerdo se adoptó en una Junta de Gobierno a la que asistieron, además del propio Gallardón, los entonces concejales Ana Botella y Pedro Calvo.
Apenas seis años después de la concesión de la medalla estalló el caso ‘Madrid Arena’. Unos sucesos que pusieron en entredicho la labor de la ya alcaldesa Ana Botella -se marchó a un ‘spa’ de lujo en Portugal en plena crisis-, y del propio Pedro Calvo -entonces responsable político de Madrid Espacios y Congresos, gestora del pabellón en el que perdieron la vida cinco jóvenes-.
En su escrito de acusación, Moix redujo de 25 a 14 las personas imputadas. Es decir, el ministerio público dejó fuera a todos los responsables políticos y policiales del Ayuntamiento de Madrid al entender que no tuvieron una relación directa con la muerte de las cinco jóvenes en la avalancha producida en la fiesta de Haloween. Entre los ‘beneficiados’ por el escrito de la Fiscalía de Madrid se encontraban Ana Botella y Pedro Calvo, los mismos que participaron seis años atrás en el acuerdo por el que Moix recibiría la Medalla de la Policía Municipal.
Larga trayectoria rodeada de polémicas
Cabe recordar que el nombramiento de Moix como Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid se produjo en julio de 2003 por decisión del ministro de Justicia del Partido Popular, José María Michavila. En total, Moix se mantuvo 12 largos años en el puesto, codeándose con lo más selecto de los genoveses originales y genuinos que desde 1995 gobernaron la Comunidad de Madrid: primero con Alberto Ruiz Gallardón, después con Esperanza Aguirre y posteriormente con Ignacio González.
Una dilatada trayectoria que ha ido acompañada de numerosas decisiones que le han convertido en un fiscal ‘amable’ para las múltiples causas en los que dirigentes del Partido Popular se han visto involucrados.
El último escándalo conocido es que Moix, ya como fiscal jefe Anticorrupción, quiso vetar registros vinculados a operaciones de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) –filial del Canal de Isabel II–, por operaciones sospechosas que se remontan a la etapa en la que Alberto Ruiz-Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid. Operaciones comerciales que el juez sospecha que tuvieron un sobreprecio de 70 millones de euros al ver indicios de “compra fraudulenta y supuesta malversación”.
Algo que provocó que el pasado miércoles la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) exigiera que el Consejo Fiscal se reuniese para examinar las polémicas actuaciones de Manuel Moix y fuese sustituido si se comprobaba que actuó de forma inadecuada. Contra toda lógica, el Consejo Fiscal rechazó la petición y no le reveló pese a las denuncias contra su "falta de idoneidad" para ejercer este cargo.
