El segundo informe del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga el 8-M, afirma que "la hecatombe en España" por la pandemia de coronavirus "se veía venir" desde semanas antes del 8 de marzo y responsabiliza al ministro de Sanidad, Salvador Illa, al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
"Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque a posteriori es más fácil de analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe sobre epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, explica el forense.
En su escrito, el forenes apela al "conocimiento popular" como prueva de que el Gobierno tendría que haber evitado la manifestación del 8-M, en la que pone su foco. "No porque lo diga la OMS, ni siquiera la ministra Irene Montero, sino que forma parte del conocimiento popular, las concentraciones de personas en contacto estrecho facilitan la transmisión de enfermedades infecciosas respiratorias".
"Se notaba la tensión en el CCAES"
Así consta en el segundo informe forense firmado por el médico forense Julio Lorenzo Rego, con fecha de 8 de junio, dentro de la causa dirigida por la titular del Juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga un posible delito de prevaricación por el que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
En sintonía con el informe de la Guardi civil, el forense afirma que a finales de febrero "se notaba la tensión" en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, una conclusión a la que llega por el "estudio de los correos electrónicos" de personal de esta institución, y cita algunos nombres y expresiones supuestamente utilizadas en esos mensajes para hablar de "evolución galopante" de la epidemia", según adelanta Europa Press.
Mención a las alertas de la OMS y Bruselas
El documento el médico forense reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a manifestaciones como las del Día de la Mujer del 8 de marzo o el mitin de Vox, el mismo fin de semana, porque no se alertó del "gran riesgo" que existía de contagiar el coronavirus. En ese sentido, cita la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 14 de febrero, que pidió hacer una valoración de riesgos, así como las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, del 2 de marzo, entre éstas, la del distanciamiento social, lo que habría aminorado "el daño a la salud" y "las consecuencias económicas y sociales", subraya.
Según afirma, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades “advirtió claramente que nos preparásemos para una pandemia, que hiciéramos planes de pandemia, que el peligro era grande e inminente, que adoptáramos las medidas de distanciamiento social (evitar concentraciones masivas de personas) en ese momento y con independencia de los escenarios epidemiológicos que nos encontráramos”.
Distancia de seguridad en la Delegación del Gobierno
El médico forense insiste en las conclusiones de su primer informe, del del 19 de abril, en las que apuntaba que el 28 de febrero desde la Delegación del Gobierno de Madrid "se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan". Ese mismo día, según el informe, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales aconsejaba a los trabajadores mantener la distancia de seguridad para evitar contagios.
El documento señala que el haber evitado "reuniones masivas" habría frenado una "amplia difusión" de la Covid-19, "de igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio" habría facilitado que los ciudadanos "adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad". Entre estas medidas menciona el "distanciamiento social".
El forense Julio Lorenzo deja claro que conoce la "especial relevancia" de este procedimiento judicial, que califica de "delicado" por afectar a un "personaje público" como es José Manuel Franco, en un caso que califica de "mediático", por lo que existe un "clima de cierta crispación social" y que "se podría pensar que ello influye en algún sentido en la imparcialidad del informante". Al respecto afirma que ni él ni "ninguna persona" de su "amplia familia (madre, suegra, mujer, cuñados, hijos, nietos, hermanos, tíos ni sobrinos) han sufrido ni el más síntoma de covid-19", por si "alguien pudiera pensar que podría existir el más remoto conflicto de intereses", apunta.
Julio Lorenzo Rego dedica todo un epígrafe a uno de los recursos de la Abogacía del Estado, a la que reprocha que diera a entender que no se produce difusión de la enfermedad causada por el coronavirus en manifestaciones, y cita el documento de la OMS de 14 de marzo, en el que se dice que las reuniones masivas pueden ampliar la propagación de enfermedades. "No haría falta recurrir a la cita anterior ni al estudio científico para demostrarlo, y hasta la ministra Irene Montero lo reconocía en varias ocasiones durante su espontánea -y por lo tanto sincera- manifestación ante unas cámaras de televisión el día 9 de enero".