A punto de la nueva reunión sobre el Pacto de Toledo, el pesimismo se extiende entre los pensionistas, que creen asistir a una comedia en la que nadie quiere llegar al final y cuyo único objetivo es la desmovilización de los pensionistas. Así lo entienden portavoces de la Coordinadora Estatal en Euskadi, que critican duramente la actividad de la Comisión parlamentaria que preside Celia Villalobos (PP) y, sobre todo, de la información que sale de la mesa del Pacto, que califican de manipulación.

Desde hace días se difunde desde diversas fuentes un mensaje único: el acuerdo es casi total e inmediato. Al menos así lo anuncian diversos parlamentarios miembros de la Comisión, que no cuentan en realidad las múltiples discrepancias que siguen existiendo. Se parte de una información tergiversada y parcial que sólo habla de indexar el aumento de las pensiones al IPC, pero no se sabe qué IPC. El propio viceconsejero vasco de Trabajo y Seguridad Social señalaba hace semanas que el IPC actual no valía, por irreal, y había que establecer nuevos criterios que aportasen realismo a esa referencia y no se convirtiese para los pensionistas en un factor negativo, de pérdida de poder adquisitivo.

La propuesta de que sea la mesa de negociación social, en la que participan empresas, sindicatos y administración, no es aceptable para dichas fuentes. En su opinión, incluir el cálculo de las pensiones públicas futuras en la negociación de las contrapartidas laborales y salariales es un error e irá en contra de los intereses de los jubilados, actuales y futuros. Son más partidarios de que ese IPC se establezca con carácter estable en sede parlamentaria. En todo caso, lo referente al IPC es la menor de las reivindicaciones de quienes menos reivindican.

Teatro en el pacto

La brecha entre pensiones mínimas y máximas es una de las principales causas que los mantiene en la calle y el debate parlamentario ha dejado al descubierto que no existe acuerdo entre los grupos políticos, aunque amenazan con una fórmula de compromiso, etérea, según han anunciado. Otras fuentes recuerdan que el año en que el Gobierno de Zapatero congeló el crecimiento de las pensiones más altas se revalorizaron 200.000 pensiones mínimas para combatir esa misma brecha entre unas y otras pensiones. Ya se ha instalado la verdad contraria y este momento en la plataforma común se reclama una pensión media de 1.080 euros, en aplicación de la Carta Social Europea, sabiendo que ese es un slogan de pancarta para mantener viva la tensión y obtener algún resultado final a esas movilizaciones.

Dejar sin resolver el crecimiento de las pensiones más altas en tiempos de peor situación económica es no asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. Son tajantes en este aspecto y acusan a la mesa del Pacto de Toledo de hacer teatro ante su incapacidad para ponerse de acuerdo en los aspectos transitorios, porque todos –los pensionistas también- saben que la reforma de sistema requerirá varios años de consenso este sentido. Por eso, rechazan cualquier acuerdo en la Comisión que no establezca el crecimiento del conjunto de las pensiones y del mantenimiento del poder adquisitivo.

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Pensionistas durante la concentración en Bilbao. EFE/Archivo

La espada de Damocles

La portavoz vasca de la coordinadora de asociaciones de pensionistas de España sospecha que las informaciones que aparecen estos días están gestionadas por “una mano negra” ajena que escribe de encargo y que todos los grupos aceptan. No se habla, según dicen a EL PLURAL, de la derogación del factor de sostenibilidad, que quedó suspendido durante cuatro años en el pacto del PNV con el Partido Popular sobre los presupuestos de 2018. Se teme que el PP volverá a resucitar el “alma” de su reforma, porque el PP nunca va a renunciar a esa opción, aunque sea como elemento de presión política. Pero también se desconfía de que si se plantea un escenario de nuevos presupuestos con el PSOE gobernando en minoría absoluta, la derecha toda, nacionalista o no, volverá a insertar esa cláusula de sostenibilidad. Se comprende que la nueva ministra de Trabajo acaba de tomar posesión de su cargo, pero llama la atención el silencio compartido de la portavoz socialista de la Mesa sobre este aspecto, el más importante del debate sobre la reforma del sistema de pensiones públicas.

El factor de sostenibilidad lleva a reducir las pensiones públicas al 50% para fomentar un marcado de pensiones privadas y ese es el núcleo fundamental de la reforma del PP. Si no se deroga ahora, no es seguro que el PNV vaya a jugarse la carta populista como hizo con los Presupuestos de 2018.

A nadie del Pacto de Toledo le interesa tener a los pensionistas en la calle por más tiempo. Generan inestabilidad a los gobiernos y es posible que en septiembre haya que discutir unos nuevos presupuestos, pero tampoco olvidan las convocatorias de elecciones autonómicas y municipales, a la vuelta de la esquina. El PSOE necesita dar la imagen de fin del conflicto con medidas parciales que asienten la idea de que todo está resuelto, por eso la estrategia de las manifestaciones ya no es finalizar en las puertas de los Ayuntamientos, sino frente al Gobierno vasco y la Delegación del Gobierno de España, ambas sedes en la misma Gran Vía de Bilbao. Al PNV también le gustaría que se cerrase el conflicto para no tener en la puerta de su casa una crisis que ellos no generaron ni pueden resolver de forma autónoma; por eso se ha esforzado en retirar de la calle a las asociaciones más cercanas e insistir en que el acuerdo sobre IPC está cercano, aunque sigan mirando con sorpresa el número de pensionistas que cada lunes toman el centro de la capital vizcaína.

La tensión interior

La valoración que se hace es que todos están interesados en dar carta de rigor al Pacto de Toledo, pero “el Pacto está deshecho por las mayorías y minorías de los partidos representados y sus diferentes intereses, con un gobierno maniatado para adoptar otras medidas”.

De cara a la reunión de este martes en la Comisión, Podemos necesitar acallar una movilización que no controla y que, según avanza el tiempo, cada vez se le va más de las manos, aunque esa movilización esté algo adormecida en espera de ver qué pasa en Madrid. Ni la representante de esta coalición de partidos ha querido echar leña al fuego de la crisis interna del Pacto, silencio que le critican. Dentro de la Coordinadora aumentan las voces de no dejar que el ánimo decaiga, que el impulso de movilización de los vascos no se vea afectado por la ausencia de información, y hay quien apuesta por estructurar internamente esa movilización para darle fortaleza y continuidad.

Celia Villalobos, la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, está desplegando a la desesperada toda su capacidad de empuje para que de esta próxima reunión salga un acuerdo, aunque sea “cogido con alfileres” y pone la confianza en que después todos verán necesario y serán capaces de vender las supuestas ventajas. El PP necesita que ese frente se cierre y se olvide. Más aún, busca que otros acallen las movilizaciones para no tener que defender su reforma en público hasta mejor ocasión, mientras recompone su crisis interna y va cortando el nuevo traje electoral, en el que no quiere tener clavada la aguja de las pensiones. No va a contar ahí con el apoyo de Ciudadanos, que permanece en la acera viendo pasar la movilización, confiado en que no se va a resolver el problema y podrá utilizarlo contra el Partido Popular en su estrategia de planta invasora.