El Gobierno castellano-manchego que preside María Dolores Cospedal no gana para disgustos. Una vez más, y van tres, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le asesta un fuerte mazazo judicial al obligarle a readmitir a medio millar de interinos que despidió en 2012 dentro de la política de salvajes recortes que lleva a cabo la también cada día más cuestionada secretaria general del Partido Popular. Tierras manchegas convertidas ya “en un erial social, sanitario y educativo desde que esta señora gobierna la comunidad”, reconocen a ELPLURAL.COM fuentes de la oposición.

TRES sentencias TRES
A esta sentencia del Alto Tribunal manchego, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM  (ver documento), se unen otras dos de gran calado que dejan a Cospedal en mal lugar, ya que nunca antes y en tan poco tiempo un gobierno autonómico había recibido tamaño correctivo judicial. Hace unos meses los magistrados del TSJCM paralizaron el cierre de las urgencias sanitarias nocturnas en las zonas rurales, semanas después anulaban el ERE que afectaba a 1.000 trabajadores de la empresa pública de extinción de incendios forestales y ahora reboca la decisión de la presidenta castellano-manchega neocon de despedir nada más y nada menos que a 500 trabajadores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que supondrá un millonario desembolso para las arcas autonómicas.

Una sentencia que cuesta 15 millones de euros
Y es que el Gobierno que preside Cospedal nunca sule medir el impacto económico de sus continuos errores (“claro, no los paga ella”, dicen las mimas fuentes). Así las cosas, su empecinada decisión de desmantelar lo público y privatizar todo lo que se mueve, le costará al erario castellano-manchego 15 millones de euros, según Gustavo Fabra, responsable del sindicato STAS, que junto a UGT recurrireron ante el Tribunal Superior lo que entendían una vulneración del principio de negociación colectiva, y violación del derecho a la libertad sindical, como así lo ha entendido también la sala encargada de analizar el recurso.

Reconocimiento de todos los derechos
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCM condenan al Gobierno de Cospedal, además de readmitir a los 500 interinos despedidos, a reconocer todos sus derechos profesiuonales y económicos “que correspondan”, que no son otros que “las retribuciones que los perjudicados hubieran debido percibir de no haberse producido su cese, descontando las retribuciones que hubieran percibido por otros servicios entre dicha fecha y la de la efectiva reincorporación". Los jueces también condenan a la Junta a pagar las costas del proceso y dan a la misma un plazo de diez días para poder recurrir ante el Tribunal Supremo. A la hora de cerrar esta crónica el Ejecutivo del PP no se había pronunciado al respecto.

Petición de dimisiones
Varapalo judicial que tiene nombres y apellidos. De ahí que los sindicatos exijan explicaciones y responsabilidades a dos “grandes amigos” y actuales altos cargos del PP castellano-manchego: Leandro Esteban, consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno de Cospedal, y “al chulo y prepotente” Juan Manuel de la Fuente,  director general de Función Pública, “íntimo colega de Esteban”, que vulneró constantemente “los derechos sindicales”, por lo que el respresentante de STAS, Gustavo Fabra, pide la dimisión de ambos  y los señala como causantes del “grave perjuicio” que supondrá para los bolsillos de los ciudadanos el pago de las cantidades adeudadas a los interinos.