Finalmente, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, no será investigado ni juzgado por el caso de Caja España en el que se le señalaba por un presunto delito de administración desleal.
Las investigaciones apuntaban a que, en 2009, Maillo dio el visto bueno junto a otros 13 exconsejeros, a las refinanciaciones millonarias de los préstamos concedidos al entonces presidente de Caja España, el empresario Santos Llamas.
Sin embargo, el juez ha tenido que archivar el caso pues, ha pasado tanto tiempo, que de haber un delito o irregularidad en esa decisión, ya ha prescrito. El proceso se ha visto ralentizado y ha vivido varios parones por el gran número de recursos interpuestos por las defensas de los investigados.
Maíllo todavía no se había sentado ante el juez pues, al estar aforado, había que iniciar el proceso del suplicatorio para preguntar por su aforamiento para enviar la su causa al Tribunal Supremo. Por el contrario, el resto de acusados si desfilaron por el juzgado hace tres semanas y, la mayoría de ellos, se negaron a responder a las preguntas que no fueran de sus abogados defensores.
Los únicos que sí contestaron se defendieron asegurando que si refinanciaron la deuda del presidente de Caja España fue porque existían informes de técnicos de la entidad bancaria que aprobaban el proceso.
Y es que llegó a disfrutar de más de 60 millones de euros en créditos. Cuando llegó la crisis y empezó a tener problemas para devolver el dinero, en 2009 se probo su refinanciación.
El archivo de la causa de la CAM
Hace sólo unos días, la Fiscalía Anticorrupción pidió el archivo de la causa que investiga la participación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en 11 sociedades inmobiliarias, una participación que acabó con unas pérdidas de 467 millones de euros al estar mal gestionada.
La Fiscalía considera que ha prescrito el posible delito de administración desleal aunque consideran que se “aprecian evidentes indicios de actos abusivos al haberse concedido por parte de la CAM préstamos hipotecarios para adquisiciones de terrenos por un valor mucho más elevados de los reales".
