Uno de los sistemas de teleasistencia usados en Castilla-La Mancha instalado en una vivienda tutelada



“Nadie ofrece duros a peseta, y quien lo hace es porque esconde un as en su manga”, señala un profesional de Cruz Roja. Esto está claro, pero al Gobierno de María Dolores Cospedal parece no importarle esta realidad, que como en el caso de los trabajadores del servicio de teleasistencia en Castilla La Mancha pasan por un verdadero calvario laboral para que la empresa concesionaria, que ofertó hasta cuatro euros menos que su inmediata competidora, con una clara propuesta temeraria, pueda cerrar sus ejercicios económicos en números positivos, aunque para ello sea preciso despedir o alentar la marcha de hasta el 23 por ciento de sus trabajadores, que en la actualidad suman 225, incumpliendo así el compromiso de subrogación que alcanzó con la Administración del Partido Popular, denuncian empleados de este servicio a ELPLURAL.COM.

Un negocio de 11,4 millones de euros
El caso es que la unión de las empresas Tunstall, el mayor proveedor tecnológico de Europa en equipos de teleasistencia, y Televida, compañía dedicada a la prestación de estos servicios, ofertaron 12,48 euros por terminal, usuario y mes, propuesta contra la que ninguna de las empresas que se presentaron al concurso podía competir ya que, siempre según las fuentes de Cruz Roja, que hasta abril de 2013 prestaba el servicio a 16,95 euros por usuario, se trataba de una oferta temeraria que ninguna otra firma estaba dispuesta a secundar, ni siquiera ante el suculento presupuesto manejado por el Gobierno de Cospedal, cerca de 11,4 millones de euros (ver resolución de adjudicación).

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La propuesta más baja de España
Pero la baja temeraria a Cospedal no pareció importarle, ni a Televida y su socia Tunstall prestar el mismo servicio en Cataluña, pero pagando 14,24 euros más; o en Murcia, 10,84; en el País Vasco, 6,49, o en Andalucía, donde la teleasistencia se presta con un precio de 2,35 euros más por usuario que en Castilla-La Mancha. En las comunidades autónomas mencionadas, Televida es concesionaria también de la teleasistencia. ¿Por qué, entonces, en Cataluña el servicio cuesta 26,72 euros por beneficiario y en Castilla-La Mancha 12,48? ¿A caso el servicio catalán para personas vulnerables, ya sea por su dependencia, enfermedad, discapacidad, edad avanzada, soledad o inseguridad, principales clientes de la teleasistencia, es de mayor calidad que la de los castellano-manchegos? Como queda probado en el cuadro que acompaña a esta crónica, “los 11,4 millones de euros pesaron más que la calidad del servicio”, añaden las mismas fuentes de Cruz Roja.

Plantilla “sobredimensionada”
¿Estaba Televida dispuesta a perder dinero y solo buscaba agrandar su cartera de clientes? Es evidente que no. Todo lo contrario, la empresa no tardó en informar a sus trabajadores de la “sobredimensión” de la plantilla, subrogada de Cruz Roja, ONG que “firmó un pacto de no agresión” con la nueva concesionaria a cambio de que la totalidad de sus empleados en este sector se integraran en Televida, manteniendo todos sus derechos. Subrogación que no se cumplió, quebrando así el compromiso con la Administración de Cospedal y llevando a cabo despidos continuos aprovechando la beneficiosa reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que abarataba sensiblemente el despido, en el caso que nos ocupa improcedentes, pero indemnizados por la empresa, que también ejecutó políticas disuasorias de traslados a localidades muy distantes de la residencia de los trabajadores, que, eso sí, recibieron “20 horas de formación” para reconvertirlos de instaladores electricistas en “instaladores electricistas sanitarios, para sí poder atender emergencias sanitarias”, añade un trabajador, “ y encima nos lo vendieron como un favor porque, según la empresa, nos podían haber despedido a todos por no tener la formación sanitaria exigida”.

Instrumento de teleasistencia



“Maltrato y despido de trabajadores”
Y es que la subrogación si no cuenta con documentos firmados con luz y taquígrafos sirve de poco ante empresas sin escrúpulos que intentan aprovecharse de las necesidades económicas de sus trabajadores, como es el caso también de los conserjes del Museo del Ejército, con sede en el Alcázar toledano, y que han sido despedidos por no aceptar las leoninas condiciones de la nueva empresa. De ahí que IU hiciera público un comunicado culpando al Ministerio de Defensa de “amparar el maltrato y el despido de su trabajadores”, añadiendo que, “Defensa no puede ser cómplice ni permitir las deplorables condiciones laborales de las empresas adjudicatarias de los servicios privatizados”. Aún es más, PSOE e IU aprobaron una moción en el Ayuntamiento capitalino de apoyo a estos trabajadores, al mismo tiempo que los socialistas llevaban al Congreso de los Diputados la situación de esta treintena de hombres y mujeres, pidiendo al Gobierno del PP que garantice el mantenimiento del empleo en unas condiciones laborales dignas. Y en eso estamos.