Los 35 miembros acusados de pertenecer a ETA a través de Batasuna mediante ANV y PCTV  admiten su participación en los hechos, asumen que su conducta fue contraria a la legalidad vigente, se comprometen a renunciar a la violencia y reconocen el daño a las víctimas. Así se ha plasmado en el tercer día de juicio que celebra la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional mediante un acuerdo firmado hoy por los interesados, sus abogados, la fiscalía y los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Asociación Dignidad y Justicia. En función de este documento, se rebajan notablemente las condenas previstas.

Entre los acusados hay nombres de dirigentes abertzales históricos como Joxe Pernando Barrena o Juan José Petrikorena, quienes como el resto de sus compañeros ha rubricado este escrito de conformidad en el que además expresan su deseo de que “este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y el sufrimiento que se les ha causado”.

Las acusaciones favorables a suspender la condena
El documento continúa con la exposición del fiscal, las acusaciones particulares personadas que son la Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia plantean se dicte sentencia condenatoria en los términos que se indican pero manifestando “su dictamen favorable a la aplicación de suspensión de condena habida cuenta del reconocimiento de los hechos y de la voluntad de reparación a las víctimas del terrorismo”.

Dilaciones indebidas
Han transcurrido más de cinco años entre el escrito de acusación y el inicio de las sesiones del juicio oral, hecho que tampoco se puede imputar a los acusados, recuerda la fiscalía. Por tanto concurre además la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Condenas sensiblemente menores
De los diez años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por integración en ETA que inicialmente solicitaba el Ministerio Fiscal para los 35 acusados, al calor del acuerdo la solicitud de condenas es sensiblemente inferior. Así, para nueve de ellos se plantea una condena de un año y seis meses de prisión y otro tanto de inhabilitación especial para cargo público. Esta inhabilitación comprende los ámbitos ámbito municipal, provincial, estatal o europeo durante el tiempo de condena.

Máximo dos años de prisión
Sobre otros 16 acusados pesa la solicitud de un año y ocho meses de prisión e inhabilitación y para los diez últimos entre los que se encuentra Juan José Petricorena la pena solicitada asciende a dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación. La solicitud rebajada de condenas está rubricada no solo por el fiscal sino por los abogados de la acusación AVT y Dignidad y Justicia así como por los de la defensa.

 La Sala decidirá
Es ahora la sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional integrada por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada la que tendrá que decidir sobre este proceso que inició el juez Baltasar Garzón el 4 de octubre de 2007.

Buenas intenciones
Sin duda la importancia del escrito firmado hoy por todas las partes se resume en la generosidad y amplitud de miras que implica por parte de la representación de las víctimas y la Fiscalía y las buenas intenciones que demuestran los acusados.

Los otros de Batasuna
De este acuerdo surgen otras interrogantes. Juristas consultados por ELPLURAL.COM consideran que “esta es una forma de justicia restaurativa muy interesante que debería producir efecto más allá”. En este sentido las mismas fuentes se referían a que incluso “podría llevar consigo la concesión de la libertad condicional de Otegui, Rafael Díaz de Usabiaga y demás condenados por Batasuna para no ser discriminados”. Incluso, añadían, “sería posible abrir otras vías y contagiar a otros presos de ETA”.