El empresario Javier López Madrid se ha saltado el bloqueo de sus bienes en España por su implicación en el caso Lezo y ha cobrado su salario como presidente de Ferroglobe en una cuenta de Londres que no consta para la Audiencia Nacional.
Javier López Madrid tiene bloqueadas sus cuentas y bienes en España desde abril de 2017, pero ha seguido percibiendo un salario en el extranjero durante la instrucción de este procedimiento. El directivo ha usado un depósito en Londres, que no consta oficialmente para la Justicia española, para ingresar retribuciones anuales que superan los tres millones de euros por su cargo de presidente en la compañía Ferroglobe, según adelanta El Confidencial.
Sueldos que superan los 3 millones
En 2018 y ejercicios anteriores, el también consejero delegado del Grupo Villar Mir se embolsó un salario anual superior a los tres millones de euros, según las cuentas presentadas por Ferroglobe ante la SEC, la autoridad bursátil de Estados Unidos, donde cotiza la compañía. En 2019, último ejercicio hecho público por la sociedad, la remuneracióndel empresario fue de 1,3 millones,una cifra similar a la que habría ingresado en 2020.
Según el citado diariio, a pesar de los sueldos millonarios, Ferroglobe no atraviesa un buen momento y López Madrid se ha dirigido a la SEPI para solicitar al Gobierno un crédito para la compañía de unos 35 millones de euros. A esa petición se suma la cursada en paralelo por el Grupo Villar Mir, que ha reclamado un rescate próximo a los 300 millones de euros.
Evitó a cárcel con una fianza de 100.000 euros
El yerno de Villar Mir tuvo que depositar una fianza de 100.000 euros para no ir a la cárcel tras su detención en el marco de la operación Lezo. El juez del caso, Eloy Velasco, le prohibió disponer de un Porsche y la mitad de una vivienda en Sotogrande, además de intervirle todas sus cuentas y fondos de inversión en España para asegurar el pago de una posible responsabilidad civil si finalmente era condenado.
López Madrid está siendo proceso por el presunto amaño del concurso del tren de Cercanías a Navalcarnero, por el pago de un supuesto soborno al expresidente madrileño Ignacio González de 2,5 millones de dólares para que la constructora OHL, de la que era consejero, resultara adjudicataria. La Fiscalía pide para el empresario seis años y medio de prisión por los presuntos delitos de cohecho y falsedad documental.
López Madrid también está imputado en el caso Púnica por el amaño de otros contratos públicos y el pago de presuntas donaciones ilegales al PP de Madrid, en tiempos de Esperanza Aguirre.
