La Ley Montero ha turbado la armonía del Gobierno de coalición. PSOE y Unidas Podemos han colisionado varias veces en lo que cursa de legislatura. El vicepresidente segundo y secretario general de los morados, Pablo Iglesias, abroncó a sus ministros tras el revuelo generado por las filtraciones relativas al enfado con los ministros socialistas con motivo de la política migratoria. Iglesias salvó el match ball entonces. La ley de libertades sexuales, sin embargo, no solo ha abierto una nueva grieta en el Ejecutivo, sino que, además, ha colocado a Montero e Iglesias en una posición complicada.

Desde que Irene Montero toma posesión como de la cartera de Igualdad se fija como objetivo aprobar la ley del solo sí es sí antes del 8M. El calendario apremiaba y surgieron las primeras discrepancias entre el ministerio de Montero y Justicia, comandado por Juan Carlos Campo, ya que el segundo pretendía una reforma del Código Penal más amplia, lo que requeriría más tiempo.

Todo termina saltando por los aires cuando los ministros socialistas otean el documento de Montero. Consideraron que tenía profundos errores de carácter técnico. Hablando en plata, no había por dónde cogerla. Comenzó, entonces, la guerra de filtraciones.

Pablo Iglesias, lejos de apaciguar los ánimos como en ocasiones anteriores, aportó su particular ración de gasolina al afirmar que “las excusas técnicas” esconden a “mucho machista frustrado”. De esta manera, deslizaba públicamente la idea de que el ministro de Justicia era machista y ese era el motivo por el cual existían discrepancias.

Los errores de Montero

El proyecto de Irene Montero no solo chocó con Justicia, también con Hacienda e, incluso, con la vicepresidencia de Iglesias. El borrador se inmiscuía en la ley de la infancia que impulsará la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El borrador jugaba con los límites de la Ley integral contra la Violencia de Género, invadía competencias reservadas para las comunidades autónomas, no se adecuaba al Convenio de Estambul y hasta albergaba errores formales tales como mayúsculas donde no debería haberlas y vocablos no reconocidos por la RAE como “revictimizar”.

Todo esto llevó a dirigentes socialistas a lamentar que no era sino una “chapuza”, tal y como recoge LPO.

Calvo, la mediadora

Pedro Sánchez quería mantenerse al margen de las fricciones y, cuando la situación se hizo insostenible, envió a la vicepresidenta Carmen Calvo para arreglar los problemas.

A priori, Calvo no es un perfil que apasione a Unidas Podemos. Muchos dirigentes morados la culpan de no concretar un acuerdo y convocar la repetición electoral. Además, Calvo no vio con buenos ojos que Sánchez cediera la cartera de Igualdad, máxime cuando quien la ocupaba era Montero.

Sin embargo, en esta ocasión, la intervención de Carmen Calvo ha sido el bálsamo de Fierabrás. La vicepresidenta salvó las deficiencias técnicas de la ley de Montero con aportaciones propias en las que ya trabajó durante la pasada legislatura, dotando así de corpulencia jurídica al proyecto y haciéndolo viable.

Su implicación ha soldado la fractura y ha hecho que sume muchos puntos, tanto en Moncloa como en Ferraz. Por su parte, Montero e Iglesias han restado. La primera por los defectos de su proyecto y el segundo por verter comentarios que turbaban la paz del Ejecutivo. Unas palabras que ya han obtenido respuesta. La portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha asegurado que “no hay ministros machistas”: “Es un Gobierno feminista”.