La candidata al Ayuntamiento de Valencia María José Catalá quiere recuperar el legado de la exalcaldesa Rita Barberá. Catalá quiere incluso ponerle el nombre de la fallecida exprimera edil a un puente. Un legado que defiende todo el PP, pese a haberla puesto a los pies de los caballos cuando saltó el caso Taula. Solo hay que recordar que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, llegó a llamar a la candidata: María José Catalá Barberá, en claro homenaje a la exlideresa, en el mitin central del PP valenciano. Sin embargo, tal y como ha podido comprobar ElPlural.com en un auto del caso Azud al que ha tenido acceso, que investiga el presunto amaño sistemático de los contratos del consistorio valenciano mientras Barberá era alcaldesa, no solo se amañaron contratos, sino que la mano derecha de Rita Barberá, el primer teniente de alcalde Alfonso Grau, habría llegado a cambiar parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, para que un empresario diera un ‘pelotazo’ urbanístico. Ese es el legado que la candidata del PP reivindica como propio.
Según el auto, una de las operaciones urbanísticas en que intervino el Grupo Axis, a través de la mercantil Construcciones Valencia Constitución SL, y el empresario considerado como ‘corruptor’ del caso, Jaime María Febrer, “haciendo prevalecer sus intereses económicos frente a los intereses públicos es la operativa desarrollada por Mediterránea de Actuaciones Integradas SL en el que se ha denominado ‘asunto colegios’, que fue una trama de corrupción creada en torno a esta operación”.
Explica el escrito, que por cierto no ha sido recurrido por nadie, que la constitución de la empresa tuvo un único objeto, “la cesión por parte del Ayuntamiento de parcelas para uso residencial a cambio de pagar por el Ayuntamiento la deuda contraída por éste en relación a la indemnización que correspondía a diez congregaciones religiosas. Dicha deuda tuvo su origen en el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1988, en el que se aprobó la restricción de aprovechamiento urbanístico, por vinculación singular, que afectó a varias parcelas donde se encontraban ubicados centros docentes de varias corporaciones religiosas”.
En dichos autos se cuantificó la indemnización que debían percibir los propietarios de las parcelas en la cantidad de 31.262.307,78 euros (sin perjuicio de los intereses devengados), dinero del que carecía el Ayuntamiento de Valencia, “por lo que se urdió un plan entre los investigados por el que se llevaba a cabo una venta por el Ayuntamiento de unas parcelas elegidas por Mediterránea de Actuaciones Integradas que adelantaba el precio de la venta pagando la deuda generada al Ayuntamiento con las corporaciones religiosas, lo que supuso una modificación parcial del Plan General Urbano para desafectar las parcelas de su uso dotacional y destinarlas a uso residencial, y, mediante valoraciones “ad hoc” e ilegalidades contables, alcanzar un equivalente económico a la indemnización que debía ser abonada”.
Como Mediterránea de Actuaciones Integradas SL pretendía lograr este negocio, desde el principio, y siempre según los investigadores del caso, “los consejeros Jaime María Febrer Rovira y su socia llevaron a cabo todas y cada una de las actuaciones tendentes a adquirir las parcelas desafectadas de su uso dotacional a cambio de pagar la deuda del Ayuntamiento y para ello con la aprobación del Ayuntamiento llevaron a cabo el pago por tercero constituyéndose en acreedora de la cantidad de 35.170.086,26 euros. Para conseguirlo se valió de los pagos que efectuaba a autoridades y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Valencia a cambio de la prestación de sus servicios en contra de los intereses del Ayuntamiento de Valencia, o a cambio de sus silencios”.
Con ello, asevera el escrito, “se logró que el Ayuntamiento de Valencia ocultara todo el negocio que se desarrolló, y que fue organizado, dirigido y creado por Mediterránea de Actuaciones Integradas SL y por sus consejeros Jaime María Febrer Rovira y su socia con la participación activa de Alfonso Grau, primer teniente de Alcalde -y mano derecha de Barberá-, que fera responsable del Área económica y de Grandes Proyectos y Concejal delegado de Turismo del Ayuntamiento de Valencia” y varios funcionarios del consistorio.
Para conseguir sus objetivos, dice el auto que, en la Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento en fecha 12 de enero de 2007, se aprobó la enmienda de Grau que propuso que por el Servicio de Planeamiento se hicieran “aquellos estudios necesarios para propiciar la modificación del Plan General Urbano para la desafección de parcelas de uso dotacional”. Es más, Grau también consiguió ostentar la representación del Ayuntamiento de Valencia en todo el procedimiento, “incluso en la firma de la escritura por la que el Ayuntamiento de Valencia transmitía, en pago de la deuda, a MAI tres parcelas desafectadas”. Una ve logrado todo lo anterior, el empresario y su socia consiguieron incluso decidir qué parcelas querían para poder dar el ‘pelotazo’ urbanístico que aseguran los investigadores que se quería hacer.
Así pues, la candidata del PP de Valencia María José Catalá, o María José Catalá Barberá como la llama Feijóo, está reivindicando una forma de gobernar que no solo está a la espera de juicio por financiación irregular en las campañas municipales de 2007 y 2011, sino que, en el caso Azud, se explica cómo se amañaron todos los grandes contratos del consistorio y, además, se llegó a cambiar parte del PGOU para que el empresario supuestamente corruptor pudiera dar un gran ‘pelotazo’ urbanístico a costa de las arcar municipales.
