El Tribunal Supremo ratificado este miércoles la condena de cuatro años y medio de prisión para Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid.
Esta se trata de la primera condena que el exvicepresidente del Gobierno tiene a su nombre. Pero en los próximos meses Rato tendrá que hacer frente al juicio por la salida de Bankia y la investigación que se sigue por el origen de su patrimonio.
Sobre el primer caso, el próximo 26 de noviembre, el exvicepresidente tendrá que comparecer ante la Audiencia Nacional en una vista oral en la que, junto a él, 33 procesados deberán responder por haber falseado presuntamente las cuentas de la entidad bancaria para lograr salir a Bolsa.
En opinión del Ministerio Público, Rato era “plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto” y aún así permitió la salida a Bolsa de Bankia en el año 2011 “a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo información incompleta” que ocultaba la “situación crítica” del banco.
Según el Fiscal, Rato utilizó el prestigio que le dio ser vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para transmitir un “ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas muy alejadas de la realidad”.
Macrocausa por su fortuna
El mayor problema al que tendrá que hacer frente es la investigación del origen de su patrimonio del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. El titular de la causa, Antonio Serrano-Arnal, le imputa la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.
Se trata de una macrocausa que incluye más de una decena de piezas, en su mayoría secretas, se investiga un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015.
Según el informa de la Unidad Central Operativa (UCO), los investigadores sostienes que Rato aprovechó la privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para “colocar” en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener “sustanciosos contratos de publicidad”.
El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.
La última vez que el exvicepresidente compareció por esta macrocausa fue el pasado 30 de julio, cuando negó ante el magistrado haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y que "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.
