Gandhi ha dejado paso a las artes marciales en la vista oral seguida en el Tribunal Supremo contra los dirigentes del Procés como resultado del testimonio prestado por Enric Millo. Su relato es coincidente con el ex secretario de estado de Seguridad, José Antonio Nieto y se sitúa en las antípodas del efectuado por los acusados, especialmente por parte de Jordi Cuixart, quien en su día hizo el elogio de la desobediencia pacífica como característica definitoria del independentismo.

El contrataque de Millo sobre la violencia negada por los procesados fue recibida por sonrisas irónicas en la sala y contestada automáticamente por múltiples portavoces independentistas, criticando con dureza la relativización de la acción policial en el 1-O por parte del ex delegado del gobierno en Cataluña en la etapa de Mariano Rajoy. El catálogo de las descalificaciones obtenidas por su testimonio es completo, desde cínico a miserable. Su intervención en el TS ha coincidido con la reapertura por el TSJC de un caso “violencia desmesurada” en la intervención policial en un colegio de Barcelona.

Millo no dijo nada que no hubiera dicho con anterioridad hace muchos meses; la novedad es que lo dijo de corrido, ofreciendo así una imagen de los acontecimientos muy diferente al estado de opinión mayoritario existente en Cataluña y al ofrecido por los procesados y sus defensas. En su condición de amenazado de muerte por una pintada anónima, Millo refirió un escenario de violencia generalizado a partir de primeros de septiembre de 1017 y hasta la implantación del 155, tras la declaración de independencia que él no considera una broma.

Respecto a la jornada del 1-O, puso el énfasis en los agentes de policía de heridos por vallas o golpes de artes marciales, lamentó los golpes que sufrieron centenares de votantes por parte de los agentes  y modificó algunos de los datos dados hasta el momento, aumentando de 15 a 30 las sedes electorales (de un total superior a 2.300 sedes) en los se produjeron actos de fuerza por parte de la policía o la guardia civil para cumplir el auto del tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Este auto del TSJC que ordenaba impedir la celebración del referéndum, modificando algunos términos de las instrucciones previas de la fiscalía, y el desarrollo de la Junta de Seguridad extraordinaria, celebrada al día siguiente de dicho auto, constituyen el caballo de batalla de las acusaciones y las defensas para calibrar el grado de cumplimiento o predisposición de los Mossos a impedir la celebración de la consulta.

Para los testigos de cargo, lo dicho o lo entendido en aquella junta de seguridad de 28 de septiembre, constituye el momento crucial de lo que siguió. Tanto Nieto como Millo y Diego Pérez de los Cobos han subrayado la paradoja de debatir con los convocantes del referéndum (el presidente Puigdemont) la manera de cumplir el auto judicial que ordenaba impedirlo. Mientras la parte del Estado defendía la prioridad de hacer cumplir la prohibición de la consulta, los representantes de la Generalitat insistían en la primacía de mantener la convivencia como bien supremo y la seguridad de las personas durante la jornada electoral.

En el transcurso de aquella reunión, se ofreció al presidente Puigdemont la oportunidad de modificar la convocatoria para convertirla en una variante del proceso participativo del 9-N, tal como hizo en su día Artur Mas, a lo que se negó el presidente de la Generalitat, según contó Millo. La apelación a las supuesta legalidad paralela nacida del pleno de los días 6-7 de septiembre para no renunciar al referéndum hizo prever a los integrantes de la parte estatal el desenlace de un planteamiento por parte de Puigdemont calificado de “suicida” por el ex delegado del gobierno en Cataluña.

Millo y Nieto han expresado su convencimiento que el gobierno Puigdemont nunca tuvo ninguna intención de cumplir con dicho auto y que los mandos policiales de los Mossos cedieron a los planes políticos de sus dirigentes. La prueba de sus acusaciones se sustenta en el hecho de que la policía autonómica no precintara ninguna sede electoral en las horas previas al 1-O, permitiendo la ocupación de los colegios por grupos de defensores del referéndum.

Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, mantiene que el auto del TSJC no ordenaba ningún precinto, a diferencia de la instrucción del fiscal. A partir de esta desavenencia, ya no existe punto de reencuentro y la desconfianza entre los cuerpos policiales se materializó en la jornada del primer domingo de octubre de 2017, en la que culminó el desafío a la legalidad, en expresión de Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial del 1-O por decisión de la fiscalía del TSJC.