El pasado 1 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto que sentará los mimbres de la nueva ley de Secretos Oficiales. La información clasificada era una de las asignaturas pendientes desde hacía varias legislaturas. En concreto, hace seis años que el PNV registró la primera propuesta de reforma para actualizar una norma franquista que data de 1968 y que, aún a día de hoy, rige los Secretos de Estado. En octubre del 2020 el Congreso dio luz verde a la iniciativa de la formación jeltzale, pero el PSOE, por mandato de Defensa, la condenó al ostracismo parlamentario aplazando sine die los plazos de enmienda. Entretanto, Moncloa se apresuró a urdir su propia ley de Secretos, un articulado que afrontará un complicado camino plagado de obstáculos hasta llegar oficialmente al BOE.

El proyecto ha aflorado entre críticas. Los socialistas, hasta la fecha, ni siquiera tienen asegurado el respaldo de sus socios de Gobierno. Las modificaciones introducidas no sacian la sed de transparencia y ventilación que exigen desde Unidas Podemos. La nueva ley de Secretos Oficiales establece cuatro categorías para la información clasificada, a saber: de alto secreto, secreto, confidencial y restringido; con unos plazos para su desclasificación que oscilan entre los cuatro años y los 50, dependiendo del grado. Este es, precisamente, el principal punto de fricción.

La secretaria general morada y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha urgido al PSOE a profundizar en “transparencia democrática” rebajando el plazo de 50 años. Su formación apuesta por los 20 años como tope, aunque otras voces aceptarían 25 e incluso un 20 + 10 de prórroga para asuntos especialmente sensibles. “Esta es la propuesta de partida”, explicó Belarra, insistiendo en que están abiertos a negociar y esperan lograr un texto que suscite el consenso también de otros aliados parlamentarios como PNV, EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), PNV y Más País.

A ninguno de ellos ha seducido la reforma de la ley. De hecho, Íñigo Errejón y las formaciones vascas utilizaron el mismo adjetivo para calificarla: “Decepcionante”. “Una democracia es tanto más fuerte cuanta más transparencia puede asumir. La propuesta de ley de Secretos Oficiales del Gobierno es decepcionante y sigue tratando a los españoles como menores de edad”, espetó el líder de Más País.

Los socios del PSOE censuran lo abultado de los plazos, que blindaría, sin ir más lejos, los archivos e información sobre el 23-F y los GAL. Es por ello que se espera que la reforma sufra modificaciones durante la tramitación parlamentaria. De lo contrario, será condenada al fracaso. ¿O no?

Partido Popular, ¿al rescate?

Hay una vía alternativa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría explorar: el PP. La tiene en mente. En mayo, cuando ofreció a sus socios la reforma de la ley franquista de secretos oficiales y una nueva norma que regulase los servicios de inteligencia (CNI) como bálsamo sanador tras Pegasus. Pero el caramelo estaba envenenado. Y es que, Sánchez pretende contar con los populares en ambas cuestiones ya que considera que es un asunto de Estado y, por ello, el principal partido de la oposición y alternativa a ocupar Moncloa ha de estar al tanto.

La secretaria general y número dos de Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra, ha afeado que aún no ha habido ningún contacto: “No hemos tenido ni tan siquiera un ‘Ok, nos vemos’”. Sin embargo, ha tendido la mano, deslizando que ya ha habido ofrecimientos por parte de Génova en materia de Defensa y Política Exterior.

Tras ser aprobada en Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto, la nueva ley de Secretos Oficiales deberá recibir el visto bueno del Congreso, un primer paso que se antoja complicado. Después, habrá de superar el proceso de enmiendas para volver a ser refrendado. Todo a partir de septiembre.