La seguridad acapara en Barcelona el centro de atención a poco de la inauguración oficial de la campaña de las municipales. Ada Colau, criticada durante todo el mandato por su supuesto desinterés respecto de esta cuestión, aviva ahora la polémica al acusar al conseller de Interior, Miquel Buch, del abandono de la ciudad por parte de los Mossos. Manuel Valls, cuyo protagonismo ha decaído en las últimas semanas, fue el primero en situar la ley y el orden entre sus prioridades; una línea argumental a la que se sumó hace bien poco, Elsa Artadi, la segunda en la lista del PDeCAT, encabezada por el ex consejero de Interior, Joaquim Forn, actualmente procesado por el 1-O.
Los sondeos insisten en situar a Colau en segunda posición, tras el candidato de ERC, Ernest Maragall, pero según la última entrega de Gesop para El Periódico, la alcaldesa es de largo la preferida para ocupar la alcaldía; su problema inmediato es la escasa fidelidad de los votantes de Barcelona en Comú y su lastre más evidente es la sensación existente en Barcelona de un aumento de la inseguridad, certificado por la estadística que sitúa el índice de criminalidad un 26% más alto que hace cuatro años. En 2018, Barcelona encabezó el ranking de incremento de la delincuencia en España al crecer un 17% .
El inacabable conflicto con el top manta, el desmantelamiento de la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana y el recrudecimiento de la delincuencia en Ciutat Vella, donde se localizan la mayor parte de los hurtos y robos que se cometen en la ciudad forman parte del balance de este mandato. Colau ha encarado su déficit atribuyendo la responsabilidad al gobierno de la Generalitat, mediante una carta de queja al conseller Buch y unas declaraciones públicas en las que lamentaba que los Mossos no acudieran en ayuda de la Guardia Urbana cuando los altercados con los seguidores del Liverpool, que ningún agente de la policía autonómica participara en el operativo contra el top manta en el Portal de la Pau, junto a la GU y la policía portuaria, o que el mismo conseller pasara por alto la reunión de la Junta de Seguridad de Barcelona, prevista hace unas semanas. La alcaldesa remata su memorial de quejas afirmando: “No quiero ni pensar que este abandono sea con fines electorales”.
El director general de los Mossos, Andreu Joan Martínez, tardó bien poco en devolverle a Colau la acusación de electoralismo, asegurando además ser “radicalmente falso” que la policía autonómica no esté presente en Barcelona. En la ciudad hay Mossos, pero las quejas municipales se refieren a que el número de efectivos no ha crecido desde el año 2009. En la junta de seguridad a la que Buch no asistió, unos de los puntos del orden del día era la petición municipal de 150 nuevos agentes de los Mossos; se da la circunstancia que después de muchos años de no poder ampliar la plantilla, la policía autonómica dispone 500 nuevos policías.
Manuel Valls, a quien los sondeos tienen anclado desde hace semanas en los 6 concejales (uno más de los que obtuvo Ciudadanos), ha mantenido desde el primer día de su aterrizaje como candidato que la falta de seguridad es el principal problema barcelonés, seguido del peligro de que Maragall y Colau pacten para poner la capital de Cataluña al servicio del proceso independentista, lo que para el ex primer ministro francés significaría el “hundimiento de Barcelona”.
Ernest Maragall, el favorito en todas las encuestas pero a un solo concejal de Colau, no ha expresado hasta ahora una especial aprehensión por la cuestión de la seguridad, evitando la polémica y la crispación del tema con una fórmula recurrente: ”ejerceremos la autoridad democrática” que nos corresponde, advirtiendo de paso que para él, el top manta no es una cuestión de seguridad “sino un reflejo de la condición global que tiene la ciudad”.
La falta de seguridad sí que ha formado parte del elenco de críticas de los socialistas hacia su ex socia de gobierno. Jaume Collboni, a quien los sondeos le sonríen con un aumento notable de sus concejales, hasta doblarlos (ahora tiene cuatro), presentó hace unos días su propuesta para formalizar un pacto de seguridad en el nuevo consistorio, cuya medida estrella es la contratación de 1.000 nuevos agentes para la Guardia Urbana. Una Guardia Urbana que en opinión de Elsa Artadi ha desistido de actuar como policía desde que Colau gobierna la ciudad.
El PDeCAT, cuyos resultados podrían ser desastrosos de cumplirse los augurios de la mayoría de los sondeos (ahora tienen 10 y podrían retroceder a 5) tienen, al igual que ERC, una amenaza a sus expectativas electorales en la figura de Jordi Graupera. Este outsider independentista, inicialmente apoyado por la ANC, de entrar en el consistorio podría hacer variar a la baja las previsiones de los dos grandes partidos soberanistas. Graupera no ahorra críticas a sus colegas independentistas moderados. A cuenta de las declaraciones de Artadi sobre la Guardia Urbana, se despachó afirmando que la candidata del PDeCat “no sabe absolutamente nada” sobre seguridad; en opinión de Graupera “hay que rehacer toda la Guardia Urbana, infiltrada ideológicamente de elementos que no protegen a toda la población sino al estatuo quo”.
