Entre junio y diciembre de 2012, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, sorprendió a propios y extraños con la increíble decisión (sin parangón en el mapa autonómico español) de poner en la calle a 186 orientadores y promotores, cerrar las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPECAM) y suprimir los planes de empleo financiados por el Fondo Social Europeo. ¿Para qué?¿Por qué? ¿En función de qué se desmantelaba este ineludible servicio, teniendo en cuenta que en un año estos profesionales atendían a cerca 130.000 personas, visitaban más de 6.000 empresas y captaban 1.500 empleos en las compañías de la comunidad? La respuesta vino meses después: La también secretaria genera del PP privatizaba el servicio y entregaba a una empresa externa un millón de euros para “limpiar y maquillar” los datos del paro, según viene denunciado desde entonces las Comisiones Obreras y que ELPLURAL.COM ha recogido puntualmente.

“La empresa del millón de euros”
Iniciativa que ninguna otra comunidad ha secundado, ni las gobernadas por el PP. Ningún gobierno regional se ha atrevido a tanto: entregar a una empresa privada un millón de euros procedente de las políticas activas de empleo “para cambiar personas en desempleo al fichero B”, denuncia el secretario general castellano-manchego de CC OO, José Luis Gil, que acusa al Gobierno de Cospedal de añadir a la polémica norma estatal de 1985 sobre el cómputo de parados por parte de los servicios públicos de empleo de todas las comunidades autónomas, y que los sindicatos siempre han rechazado, una “instrucción” propia, seguida después por la contratación de una empresa privada encargada de “analizar la empleabilidad” de los parados de CLM.



Encuesta “tendenciosa e impertinente”
Análisis que esta empresa, sin sede social en Castilla-La Mancha y que no fomenta el empleo, “solo combate las cifras del paro”, asegura Lola Santillana, responsable de esta área en CC OO, lleva a cabo a través de una más que cuestionable encuesta (ver encuesta) a los desempleados vía call center, que, siempre según Gil, “los amenaza y fuerza a responder a un cuestionario tendencioso (y de discutible respeto a la Ley de Protección de Datos) de 28 preguntas impertinentes”, recalca Gil, que recuerda que el Gobierno de Cospedal no ha respondido aún a las cuestiones planteadas por CCOO hace ya más de dos semanas.

El encuestado puede perder su condición de parado
La preocupación de CC OO es máxima, ya que en función de sus respuestas a las preguntas “capciosas de la encuesta”, la persona en desempleo puede perder su condición de parado registrado a efectos del cómputo público; y, lo que es aún peor, “puede ver cambiada su tarjeta de demandante de empleo, perder su antigüedad y perder también el acceso a prestaciones”, añade el líder sindical, “las personas no les importan nada”, al mismo tiempo que insta al Ejecutivo de derechas a “retirar la concesión de esta actividad a la empresa actual y reponer en sus funciones a los orientadores despedidos”.

El “fichero B” llega a Bruselas...
CC OO no va a permitir que este supuesto maquillaje de las cifras del paro se quede en una mera denuncia, y sabiendo como sabe que dirigirse al Gobierno de España sería perder el tiempo, ha acortado el camino y ha enviado una carta (ver documento) al Comisario de Empleo pidiendo el “amparo” de la nueva Comisión que preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker para que ponga fin a estas prácticas “que rayan la ilegalidad” y obligue al Gobierno de Cospedal a aplicar políticas activas de empleo, en vez de “bajar el número de parados registrados desplazándoles a otras categorías de clasificación que no son visibles cuando se habla de personas en desempleo”, subraya Lola Santillana en su misiva.

...Y al Parlamento de Estrasburgo
Pero el sindicato no se ha conformado con hacer llegar a la Comisión “el maquillaje de los datos del paro” en Castilla-La Mancha, primera vez que se denuncia un hecho de esta índole en Bruselas. No, también se ha dirigido a los eurodiputados para informarles de esta anómala situación. Concretamente a la eurodiputada de IU, Paloma López Bermejo, que ha hecho suya la denuncia y ha formulado ya la correspondiente pregunta (ver interpelación) a la Comisión Europea: “¿Conoce la Comisión Europea la situación creada en el registro del desempleo en Castilla La Mancha?¿Considera que el nuevo método se ajusta a las reglas comunitarias sobre estadísticas nacionales de empleo?”, pregunta.

Todos parecen enterarse, menos UGT
CC OO, IU, PSOE y otros partidos han hecho un frente común para denunciar lo que a todas luces parece cuando menos una anómala iniciativa perjudicial para las arcas autonómicas y para los intereses de los desempleados. Todos, menos UGT. El sindicato socialista se ha desmarcado y en un hecho insólito ha mostrado su apoyo al Gobierno de Cospedal, cerrando filas con la patronal castellano-manchega y cuestionando la denuncia de sus compañeros de CC OO. Nadie entiende esta postura, a no ser que el secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, tenga “deudas pendientes” con el Ejecutivo regional del PP, señala a ELPLURAL.COM un destacado miembro de este sindicato, que reconoce el descontento interno por la “alucinante alineación de Pedrosa con Cospedal”. Tanto es así, que en las filas ugetistas se piensa pedir explicaciones a su líder.