El alcalde popular de la localidad madrileña de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, está siendo investigado junto a varios de sus ediles por un presunto delito continuado de pravaricación en materia de urbanismo y ha sido reprobado por los grupos de la oposición. El pasado martes ofreció una rueda de prensa, a la que dieron amplia cobertura las televisiones controladas por el PP en la región, Telemadrid y TVE, en la que se presentó como víctima de una "persecución" por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entonces dejó caer como si tal cosa que había escrito a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, para exponerle su malestar por su situación judicial y según él los daños que ello produce en el Ayuntamiento.
Reflexiones sobre los recursos de la Fiscalía
ELPLURAL.COM ha accedido a la carta que Santamaría remitió a la Fiscalía General y no tiene desperdicio. Se queja del criterio de la Fiscalía General en la causa que tiene abierta y asegura que el hecho de tener que remitir 12 expedientes municipales en el marco de la investigación supone casi paralizar el Ayuntamiento: "Prácticamente la totalidad de la actividad de este Consistorio se encuentra en estos momentos inspeccionada por Fiscalía, de manera que es extremadamente complicado que nos podamos dedicar a otros asuntos". Habla incluso de "situación límite" en su Ayuntamiento por esa circunstancia.
El alcalde también se permite hacer reflexiones en torno a lo que deben hacer los investigadores: "Considero que la Fiscalía tampoco está sobrada de recursos para dedicarse a casos en los que únicamente se busca desestabilizar una institución por unos intereses concretos y personales de algunos". Santamaría se despide pidiéndole una cita para "explicarle personalmente" lo expuesto en la carta y se disculpa también por si la Fiscal General considera "inapropiado" su proceder al contactar así con ella. ¿Qué se supone que debe hacer ahora Madrigal ante esta injerencia? Si Santamaría es inocente nada debería temer de las investigaciones y su nombre saldrá indemne del proceso, mientras que remitir unos cuantos expedientes no parece motivo suficiente para paralizar un Ayuntamiento.
Según el nuevo codigo ético de Cristina Cifuentes los investigados por corrupción o por causas que generan alarma social deben abandonar sus cargos. Pero Santamaría cuenta de momento con el apoyo de quien es presidenta regional y de la gestora del PP de Madrid, de hecho incluso desafiando el acuerdo de Gobierno con C's de no contar con imputados le colocaron en el Consejo Taurino del Gobierno regional.
