A lo largo de septiembre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al frente de la investigación de la trama Púnica, no ha parado de dar disgustos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Atrapada en una doble condición. Por un lado porque mientras se desarrollaron los tejemanejes de los empresarios David Marjaliza, Ramiro Cid o Alejandro de Pedro, ella era la responsable del Comité de Garantías del PP. Por otro, aún más comprometedor, porque ha mantenido a algunos diputados y alcaldes en sus listas después de que las sospechas ya planeaban sobre alguno de ellos.

El exalcalde y diputado de confianza

Hablamos de Bartolomé González, Bartolo, exalcalde de Alcalá de Henares y a quien la Guardia Civil en el último informe que ha entregado al juez que ve el caso, Eloy Velasco, el pasado 13 de septiembre, sitúa en la cabeza de la banda. En concreto, quien todavía sigue siendo diputado por el partido que preside Cristina Cifuentes, se habría beneficiado, dice la UCO, de contratos aprobados por él y otros miembros del consistorio, en mesas de contratación que el propio Bartolo personalmente llegó a presidir.

En concreto, dicen los guardias civiles “se acordó por unanimidad de sus miembros (de la mesa del Ayuntamiento) aprobar la propuesta del Concejal Delegado de Obras (…) la contratación del contrato de SERVICIOS ENRGÉTICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARATNÍA” con Cofely, a través de Pedro García, director de Mercado Público de esta empresa.

A cambio de esta gestión en favor de Cofely por parte de Bartolo, según dice el informe, se llega a pedir una mordida concreta. “Referente al contrato público de eficiencia energética que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares firmó con la mercantil COFELY ESPAÑA, S.A.U -se lee en el escrito de la UCO-, David Marjaliza declaró en sede judicial (…) que Pedro García le pidió 60.000 euros para pagar a Bartolomé GONZÁLEZ”.

La portavoz adjunta y Alex, el amigo de todos

Aún más incómodo para la presidenta de Madrid es el caso de Isabel Díaz Ayuso, nada menos que portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y responsable de innovación del partido de la derecha en Madrid. Hace unos días, en ELPLURAL.COM les informábamos del informe que la UCO, dentro de las investigaciones por el , había realizado exprofeso sobre las relaciones de Alejandro de Pedro y Lucía Figar, que le había contratado para mejorar su imagen en redes.

En ese informe pasaba desapercibido un correo que venía a mostrar la, cuando menos, buena relación entre la actual portavoz adjunta, Díaz Ayuso, y de Pedro. Un correo que adjuntamos y que fue intercambiado entre los correos personales.

Por cierto, una de las informaciones de las que parece preocupaban entre los protectores de la consejera Figar estaba una información de este periódico. En concreto, la que ofrecimos desvelando su nómina, y cómo a pesar de su cuantía no tenía reparos en pedir ayudas oficiales para sus hijas.

La tercera pata de este asedio de la UCO a los hombres y mujeres de Cifuentes lo supone el caso del exalcalde de Móstoles y exdiputado autonómico por el PP, Daniel Ortiz, que tuvo que dejar su cargo por la vinculación ya establecida por el juez Velasco entre él y la trama.