La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juzgado central de instrucción número 6 de Madrid, dentro de la trama Púnica, un contundente informe sobre los trabajos de reputación que la red de Alejandro de Pedro habría realizado para Esperanza Aguirre e Ignacio González, entre otros dirigentes de la Comunidad de Madrid. Unas labores que ascenderían a entre 120.000 y 140.000 euros y que se habrían pagado con dinero público a través de adjudicaciones simuladas a través de empresas públicas como el Canal de Isabel II o contratistas como Indra.
En el informe al que ha tenido acceso El Plural, la Guardia Civil se esmera a lo largo de casi 200 páginas para concretar sus sospechas sobre los trabajos de reputación online de Púnica en la Comunidad de Madrid, que habrían beneficiado a cinco personas: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Borja Sarasola, exconsejero de Medio Ambiente, Salvador Victoria, exconsejero de Presidencia y José Manuel Berzal, diputado aguirrista que se pasó a las filas de Cristina Cifuentes. Berzal aparece citado como concejal de Distrito de La Latina en Madrid y en la actualidad, además de diputado del PP en la Asamblea de Madrid, es secretario general del Grupo Parlamentario Popular y miembro del Comité Ejecutivo de Cifuentes.
Los trabajos para mejorar la imagen fueron especialmente intensos con Esperanza Aguirre y con Ignacio González, quien le sustituyó al frente de la Comunidad de Madrid en 2012. Según la Guardia Civil, Isabel Gallego, directora general de Medios de Aguirre, hacía de “interlocutora” con la Púnica en nombre de la presidenta. En cambio, para Ignacio González, las funciones de contacto con Alejandro de Pedro las realizaba Isabel Díaz Ayuso, entonces vicesecretaria de Comunicación del PP y en la actualidad viceconsejera de Presidencia de Cristina Cifuentes.
Respecto a Esperanza Aguirre, la Guardia Civil recoge correos electrónicos e informes donde se desgranan “posicionamiento online de las noticias relativas a su persona, espacios web creados, contrarrestar noticias negativas, etc.”.
Las empresas de Púnica tenían un contrato con la Dirección General de Medios para recoger informaciones sobre Aguirre, pero “del contenido de los informes se deduce fácilmente que su contenido excede de un mero servicio de recopilación de noticias online y que comprende acciones proactivas para alterar la prelación de contenidos que aparecen en las búsquedas web con el objeto de mejorar la visibilidad de las noticias favorables y desplazar las favorables”.
La Guardia Civil recoge varios ejemplos de cómo la Púnica trabajó la imagen de Esperanza Aguirre, con la creación de redes sociales, lo que también hicieron con Ignacio González. Pero sobre todo se esmeraron en neutralizar campañas que afectaban a su imagen. Así se ve en un correo donde explican como trabajaron “contra el boicot que se difundía en la red para la inauguración del curso en la UAM en las que se anunciaba la presencia de Esperanza Aguirre”.
Otra de las actuaciones de la Púnica recogidas por la UCO fue en septiembre de 2102, con apoyo a Esperanza Aguirre con los perfiles falsos de la trama en Twitter, para contrarrestar un Trending Topic “porque le han lanzado un ‘tupper’ durante la inauguración del curso escolar”. O la difusión masiva de noticias en las que Mario Vargas Llosa alababa a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.
Aunque donde más esfuerzo pusieron fue en la campaña para contrarrestar el uso de la palabra “mamandurrias”, que se volvió contra Aguirre después de que ella lo usara para criticar el gasto público. En este caso, pusieron a trabajar a 50 usuarios falsos de Twitter con perfiles que simulaban ser “abogados, directivos, empresarios, profesores…”, que realizaron 350 tuits y 150 retuits.
Por todo ello, la Guardia Civil concluye que hubo una “propuesta de servicios de EICO -empresa de la trama- para la mejora reputacional de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, que se puso en práctica (de lo que se presume que fue aceptada) y para cuya aprobación y seguimiento intervinieron Francisco de Borja Sarasola e Isabel Gallego”.
En sus conclusiones, la Guardia Civil señala que el contrato de Púnica con la Dirección General de Medios contenía “diversas irregularidades” y que los trabajos reales de reputación online iban más allá de lo pagado, por lo que se generó “una abultada deuda de la administración” con la trama que “no estaba amparada por contrato público o privado” y que ascendía a “entre 120.000 y 140.000 euros”.
Para cubrir esa deuda, se realizó “un uso instrumental de empresas públicas como Canal de Isabel II e ICM”, donde tenían puestos de responsabilidad algunos “implicados” como Borja Sarasola o Salvador Victoria. Esa fue la “estrategia nuclear empleada para encontrar vías alternativas de pago de la deuda”. Y, por otra parte, empresas que habían recibido adjudicaciones de la Comunidad de Madrid realizaron subcontrataciones de campañas de publicidad ficticias a la Púnica “a petición de las autoridades” del Gobierno regional.
Es lo que habría ocurrido con la empresa Equmedia XL, a cuyo presidente, José Luis de Rojas, y su directora general, Celia Caño, apunta la Guardia Civil. Junto a ellos, aparece señalado Borja Sarasola como “articulador inicial” de los trabajos y a Ignacio González como “principal beneficiario de los servicios reputacionales”.
