La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación penal para estudiar el acta de la Inspección de Trabajo en el que se detallaba que no se habían tomado las medidas suficientes para evitar la exposición de trabajadores del Metro de Madrid al amianto. Esta deficiencia le ha costado una sanción de 191.000 euros a Metro por el caso de un empleado que sufrió cáncer de pulmón por la exposición al amianto.
Ahora, y teniendo en cuenta la peligrosidad de la sustancia, la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto para saber si Metro de Madrid ha incurrido en un delito contra los derechos de los trabajadores. La primera acción ha sido solicitar a Metro de Madrid el catálogo de medidas se seguridad que llevan a cabo.
Al margen de la investigación judicial, Podemos en la Comunidad de Madrid ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el seno de la Asamblea sobre el amianto en el Metro de Madrid con el objetivo de determinar las responsabilidades políticas ante el peligro para la salud generado a los trabajadores.
En declaraciones a El Plural, Alberto Oliver, diputado de la formación morada en la Asamblea de Madrid y Portavoz Adjunto en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, ha destacado la necesidad de investigar en profundidad los hechos al tiempo que pidió la dimisión del actual Consejo de Administración de Metro de Madrid.
