La Abogacía del Estado ha respondido a las alegaciones presentadas por los nietos de Franco contra la exhumación del dictador con un escrito presentado en el Tribunal Supremo, en el que alega que el proceso no vulnera los derechos fundamentales de la familia, y en el que critica duramente a esta por su informe "trasnochado".
En su escrito de 40 páginas, la Abogacía del Estado considera que las alegaciones de la familia Franco no están basadas en un "trabajo pericial riguroso", sino en "búsquedas de internet sencillas, que le asemejan más a un trabajo "escolar y "falto de rigor". Frente a ello, considera que el Gobierno ha respetado la Ley de Memoria Histórica en su decisión de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos y ha escuchado las recomendaciones de la Delegación del Gobierno en Madrid. "Concurren los requisitos constitucionalmente exigidos de necesidad y urgencia" y no se "vulneran los derechos de libertad religiosa, ni de intimidad personal o familiar", dice el informe presentado ante el tribunal Supremo.
La Abogacía del Estado defiende que los restos de Franco sean trasladados al cementerio de Mingorrubio, en el Pardo, y no a la catedral de La Almudena, en el centro de Madrid, como pide la familia del dictador, porque no supondría "problemas de seguridad", es el lugar donde reposan los restos mortales de Carmen Polo y se garantizaría "que no se alteren de forma las condiciones en que los familiares pueden asistir a rendir homenaje".
En sus alegaciones, los Franco consideran que en el cementerio de Mingorrubio habría más riesgo de profanación y de actos vandálicos porque los restos sólo serían custodiados "por una pareja" de guardias civiles y "el tiempo de reacción" a un supuesto ataque sería mayor. Además, que hay instalaciones militares cerca y pasa "armamento pesado", y que habría "riesgo de atropello" en la calle si el cementerio se convirtiera en un centro de peregrinaje franquista, ya que las carreteras colindantes son "de un solo carril".
