El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla ha citado para este lunes, en calidad de investigado, al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro González (Ciudadanos), por la presunta falsificación de la lista electoral con la que concurrió a las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.
Según la providencia del magistrado-juez Miguel Ángel García Gutiérrez, "se acuerda la declaración en calidad de investigado de Eduardo De Castro González para el día 29 de julio de 2019" a las 08:39 horas tras la denuncia presentada por Vox contra el actual presidente melillense en su calidad de Coordinador Territorial de Ciudadanos.
El partido de Santiago Abascal ha acusado al único diputado de Ciudadanos, que gobierna Melilla gracias al apoyo recibido en el pleno de constitución de la Asamblea por los ocho diputados de Coalición por Melilla (CPM) y los cuatro del PSOE, por la presunta comisión de sendos delitos de falsificación de documentos y fraude electoral por la supuesta inclusión en la candidatura de personas "sin su consentimiento" o "falsificando sus firmas".
La providencia judicial también pide que a la Policía Nacional que identifique y cite a una de las candidatas de Cs en las pasadas elecciones municipales y autonómicas para que declare, también el 29 de julio, "en calidad de testigo", al tener sospechas de que podría ser una de las personas afectadas por la denuncia de falsificación realizada por Vox.
Por último, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla también ha decidido, solicitar a la Junta Electoral de Zona de Melilla (JEZ) que le remita "los originales presentados en la JEZ conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) de la candidatura a las elecciones municipales a la Asamblea de Melilla de 26 de mayo de 2019 correspondiente al partido político Cs".
Vox ya advirtió a los componentes de la lista de Cs que, si eran citados como testigos, tienen la obligación legal de decir la verdad para no incurrir en un delito de falso testimonio y avisó de que solicitarán pruebas caligráficas para conocer si esas firmas que acompañan los 25 nombres de la candidatura naranja "corresponden realmente a esa persona" a la que se adjudica esa rúbrica.
