Trump lleva su guerra contra Irán a Irak y abre otro frente en Oriente Medio

Estados Unidos ha vuelto a bombardear Irak. Esta vez lo ha hecho junto a Arabia Saudí y con el argumento de responder a los ataques con drones dirigidos contra fuerzas estadounidenses e instalaciones energéticas saudíes. El Mando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, sostiene que los objetivos eran grupos armados alineados con Irán y coordinados por la Guardia Revolucionaria iraní. Los ataques se produjeron el 28 de julio dentro de territorio iraquí.

La operación constituye una nueva escalada de la guerra regional, pero también recupera una constante que atraviesa varias décadas de política exterior estadounidense: cuando Washington tiene un problema en Oriente Próximo, Irak termina convertido en parte de la solución militar. O, más exactamente, en el lugar donde Estados Unidos intenta imponerla.

Ocurrió durante la guerra de 1991, durante los años de sanciones y operaciones aéreas posteriores, en la invasión de 2003, en la ocupación que la siguió, durante la campaña contra Estado Islámico y en los sucesivos ataques contra grupos vinculados a Teherán. En enero de 2020, Estados Unidos llegó a matar al general iraní Qasem Soleimani mediante un dron en el aeropuerto de Bagdad.

Ahora, Washington vuelve a actuar militarmente dentro de Irak como parte de una confrontación que tiene a Irán, a Estados Unidos y a Arabia Saudí como protagonistas principales. El Gobierno iraquí y su población vuelven a ocupar una posición secundaria en una guerra que se desarrolla parcialmente sobre su territorio.

Tres décadas interviniendo en Irak

La fijación estadounidense con Irak no comenzó con los atentados del 11 de septiembre de 2001. El país ya era un objetivo central de Washington desde que Saddam Hussein invadió Kuwait en agosto de 1990. Estados Unidos dirigió la coalición que expulsó al Ejército iraquí durante la guerra del Golfo y mantuvo después una política de sanciones, vigilancia aérea y ataques periódicos.

El punto de ruptura llegó en marzo de 2003, cuando el Gobierno de George W. Bush, con el apoyo del Ejecutivo británico de Tony Blair y del español de José María Aznar, invadió Irak. La principal justificación fue la supuesta existencia de armas de destrucción masiva.

Las armas no aparecieron. Una comisión estadounidense concluyó posteriormente que los servicios de inteligencia habían estado equivocados en “casi todos” sus juicios previos sobre el arsenal iraquí. Los inspectores de Naciones Unidas habían realizado ya más de 750 inspecciones antes de la invasión sin aportar las pruebas que Washington presentaba como suficientes para la guerra.

No fue un error menor ni una simple deficiencia de información. La acusación sirvió para justificar una guerra decidida políticamente, ejecutada al margen de un nuevo mandato específico del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y presentada como una operación necesaria para proteger al mundo.

La caída de una dictadura brutal fue utilizada después como argumento retrospectivo. Pero derribar a Saddam Hussein no convirtió automáticamente Irak en una democracia estable. La invasión destruyó el régimen y, al mismo tiempo, desarticuló buena parte de las estructuras que mantenían en funcionamiento el Estado.

Las consecuencias de una invasión sin plan

La Administración estadounidense disolvió el Ejército iraquí e impulsó una depuración generalizada de las estructuras vinculadas al partido Baaz. Miles de militares, empleados públicos y profesionales quedaron apartados del nuevo sistema. Muchos conservaban formación, armas, contactos y conocimiento del territorio. Estados Unidos eliminó una parte sustancial del aparato estatal sin tener preparada una alternativa capaz de garantizar la seguridad y los servicios básicos.

El nuevo orden político se construyó además sobre un reparto de poder condicionado por las identidades religiosas y étnicas. Esa institucionalización del sectarismo facilitó que partidos y élites utilizaran la pertenencia comunitaria para controlar ministerios, recursos públicos, contratos y cuerpos de seguridad.

El resultado fue una combinación de vacío estatal, ocupación extranjera, exclusión política, corrupción y violencia sectaria. La investigación sobre el Irak posterior a 2003 ha señalado que las divisiones identitarias fueron utilizadas para desviar la atención de la mala gestión, la falta de servicios y la apropiación de los recursos públicos.

En ese contexto creció Al Qaeda en Irak, organización de la que posteriormente surgiría Estado Islámico. El propio Council on Foreign Relations sitúa los orígenes del grupo en las consecuencias de la invasión estadounidense de 2003. No significa que Washington creara directamente Estado Islámico, pero sí que la destrucción institucional, la ocupación y la marginación de una parte de la población generaron el terreno en el que pudo desarrollarse.

Estados Unidos regresó después militarmente para combatir al grupo que había aprovechado el desorden de la posguerra. Es uno de los patrones más claros de la intervención: primero altera el equilibrio político y social de un país; después presenta como una nueva amenaza aislada las consecuencias de esa alteración; finalmente, utiliza esas consecuencias para justificar otra intervención.

El coste no puede reducirse a una sucesión de errores estratégicos. El proyecto Costs of War de la Universidad de Brown calcula que las guerras posteriores al 11-S provocaron más de 940.000 muertes directas en Irak, Afganistán, Siria, Yemen y Pakistán entre 2001 y 2023. Más de 432.000 víctimas eran civiles. El balance no incluye todas las muertes indirectas causadas por la destrucción de hospitales, sistemas económicos, infraestructuras y servicios esenciales.

Irak paga la guerra entre Washington y Teherán

El Irak actual es una explicación gráfica de aquello en lo que suele traducirse la injerencia estadounidense. No necesariamente en un Gobierno abiertamente controlado desde Washington ni en una ocupación permanente con decenas de miles de soldados. La consecuencia más profunda es un país que pierde capacidad para decidir por sí mismo qué ocurre dentro de sus fronteras.

Irak mantiene un Gobierno, celebra elecciones y cuenta con instituciones formalmente soberanas. Pero parte de su seguridad depende de la relación con Estados Unidos, mientras varias de sus milicias más poderosas mantienen vínculos políticos, militares o ideológicos con Irán. Algunas forman parte o están conectadas con las Fuerzas de Movilización Popular, creadas para combatir a Estado Islámico y posteriormente integradas en el aparato oficial iraquí.

El país se encuentra así atrapado entre dos poderes que reclaman influencia sobre su política. Estados Unidos puede atacar dentro de su territorio alegando la protección de sus tropas y aliados. Irán puede utilizar a organizaciones próximas para presionar a Washington, atacar sus intereses o responder a Israel y Arabia Saudí. Las facciones iraquíes, por su parte, administran redes económicas, estructuras militares y espacios de poder que el Gobierno central no siempre puede controlar.

Un reciente análisis de The Guardian describe un país condicionado por grupos armados surgidos o fortalecidos después de la invasión de 2003, algunos guiados por intereses económicos y otros comprometidos con el proyecto regional iraní. La consecuencia es que el Estado iraquí no posee el monopolio efectivo de las armas ni de las decisiones de seguridad.

Los nuevos bombardeos estadounidenses y saudíes muestran esa fragilidad. Los ataques responden, según Riad y Washington, a drones lanzados desde Irak contra instalaciones saudíes. Los grupos acusados han negado su responsabilidad y existen versiones enfrentadas sobre la autoría. Sin una investigación independiente conocida, Estados Unidos y Arabia Saudí han actuado como acusación, juez y ejecutor dentro de un tercer país.

La cuestión no consiste en ignorar la capacidad de las milicias ni los intereses de Irán. Teherán ha intervenido de manera profunda en la política iraquí y ha aprovechado la debilidad institucional para extender su influencia. Pero esa constatación no puede borrar el origen del escenario actual. La penetración iraní se multiplicó después de que Estados Unidos derribara a Saddam Hussein, desmantelara el Estado y alterara el equilibrio regional que decía querer proteger.

La injerencia no termina cuando se marchan los soldados

Washington acostumbra a medir sus intervenciones por la duración de las operaciones militares, el número de soldados desplegados o la caída del Gobierno al que quería apartar. Para la sociedad afectada, el calendario es distinto. Una invasión no termina cuando el último presidente estadounidense declara cumplida la misión.

Continúa en las instituciones debilitadas, en las milicias que ocupan el espacio del Estado, en los desplazamientos, en los servicios que no se reconstruyen, en la corrupción asociada al reparto del poder y en la dependencia de actores extranjeros. Continúa también cuando el territorio nacional se convierte en una plataforma desde la que unos países atacan a otros.

La intervención estadounidense prometió un Irak democrático que serviría de modelo para Oriente Próximo. Más de dos décadas después, el país vuelve a aparecer en las noticias porque aviones de Estados Unidos y Arabia Saudí han bombardeado organizaciones vinculadas a Irán dentro de sus fronteras.

La imagen resume el balance mejor que cualquier declaración oficial: Washington interviene de nuevo para gestionar militarmente el desorden de un país cuya estructura política y de seguridad contribuyó decisivamente a romper.

Irak no es únicamente el escenario de otra guerra. Es también la prueba de que la injerencia exterior puede derribar un régimen en pocas semanas y dejar consecuencias durante generaciones.