El Tribunal Supremo israelí ha decidido suspender de manera temporal la orden de expulsión que afectaba a 35 organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en la Franja de Gaza y Cisjordania. La medida llega tras la demanda presentada por Médicos Sin Fronteras (MSF) y otras quince entidades humanitarias, que alertaron sobre el riesgo de un colapso inminente en los servicios esenciales para cerca de dos millones de personas.
El responsable de medios de MSF en España, Iván Muñoz García, ha confirmado a EFE que el aplazamiento “está confirmado”, aunque precisó que todavía no pueden hacer “una valoración segura” de lo que ocurrirá, por lo que permanecen a la espera de nuevas decisiones del Tribunal Supremo. La Corte estudiará ahora las peticiones de cese de las restricciones impuestas por las autoridades israelíes a estas organizaciones.
Una medida cautelar para frenar la crisis humanitaria
La decisión del Supremo no ha resuelto la cuestión de fondo, pero introduce un respiro en una situación que las ONG describen como crítica. Según ha detallado la directora de ActionAid España, Cristina Muñoz, la suspensión cautelar “es un alivio temporal” que permite evitar un empeoramiento irreversible de las condiciones humanitarias. Al mismo tiempo, ha recalcado que la organización seguirá defendiendo “el derecho de las ONG y de los defensores de Derechos Humanos a operar sin restricciones”, reafirmando su compromiso con la población palestina y el respeto al Derecho Internacional.
Las ONG intervinientes alertaron que la expulsión afectaría a organizaciones de España, Holanda, Japón, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido y Canadá, incluyendo a entidades de renombre como Acción contra el Hambre, OXFAM, Movimiento por la Paz y Médicos Sin Fronteras. Entre los argumentos presentados ante la Corte, subrayaron que la salida forzosa de sus equipos comprometería el suministro de alimentos, agua potable y atención médica básica, servicios en los que han invertido cerca de 500 millones de dólares (420 millones de euros) en los últimos años.
El impacto, según las ONG, habría sido inmediato y grave: “La expulsión provocaría un colapso aún mayor del sistema de atención médica y humanitaria en Gaza y Cisjordania”, advirtieron. La medida cautelar permite mantener, al menos por ahora, la continuidad de los programas esenciales, mitigando la presión sobre sistemas de salud ya sobrecargados y recursos vitales limitados desde hace años.
El contexto regional agrava la situación. La Franja de Gaza y Cisjordania enfrentan restricciones constantes y prolongados conflictos que elevan la demanda de asistencia humanitaria. La acción judicial presentada por MSF y otras organizaciones busca garantizar que la retirada de sus equipos no dejara a la población más vulnerable sin acceso a servicios esenciales.
“Si bien la cautelar no resuelve el fondo del caso, consigue evitar que la situación empeore de forma irreversible”, ha indicado Muñoz. Las ONG han subrayado que la continuidad de sus operaciones sigue siendo crucial para atender necesidades urgentes, y que la discusión judicial determinará en última instancia la estabilidad futura de la asistencia humanitaria en la región.
