Begoña Gómez ha presentado un nuevo informe ante el juzgado que acordó enviarla a juicio por delitos de corrupción para demostrar que la actividad que desempeñó en la Universidad Complutense de Madrid no afectó negativamente al centro universitario, sino todo lo contrario, que “existe un superávit” de 12.856 euros “a favor de la entidad pública”.
Se trata del tercer informe pericial -al que ha tenido acceso El País- que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envía en las últimas semanas tras el veredicto del juez Juan Carlos Peinado, quien le imputa cuatro delitos y propone ser juzgada por un jurado popular.
En este caso, el titular del documento es el profesor de derecho financiero y tributario Jesús Rodríguez Márquez, quien expone que el dinero que investiga el togado y que atiende como parte de algo “lucrativo” por parte de Gómez, eran fondos privados para un fin concreto que “nunca pueden suponer un perjuicio”, dado que es un montante “que proporcionan terceros”.
Con este texto, la defensa de la esposa de Sánchez pretende desarmar los delitos imputados por Peinado: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
En la línea del informe anterior
El anterior informe iba en la misma línea al defender que la forma en la que Gómez llevó a cabo la cátedra es habitual en España y que en ningún caso se le podría atribuir delito alguno.
Ese otro documento, elaborado por el catedrático Antonio Manuel López, sostenía que en las aulas y en las cátedras extraordinarias viene siendo normal la participación de “profesionales no vinculados a la Universidad, pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”.
Por ello, asimilaba que “ni la dirección, ni la impartición de docencia”, tampoco la “realización de talleres y seminarios” puede suponer un “elemento de conformación de la carrera profesional de las personas comprometidas en el proyecto”. Por el contrario, está relacionado con una “actividad sustancialmente altruista que, como mucho, les permite el encuentro y la actualización del conocimiento”.
Es precisamente el término monetario uno de los que el juez de Plaza de Castilla centraba su argumentación, y es que, a su juicio, la captación de fondos podría estar vinculada con una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales “relacionadas” con las adjudicaciones públicas que vienen representadas por las firmas.
Sin embargo, no parece solo que Gómez no se lucrase nada con su cátedra, sino que su actividad en la UCM le provocó a la estancia un “superávit”, algo que aparece refrendando en este último informe, que va un paso más allá del resto.
El último apunta a unas ganancias cercanas a los 13.000 euros, mientras que el que le precede desmonta la tesis de que la investigada se apropiara de los fondos con los que otras compañías participaron en el trabajo para su “patrimonio personal”, dado que la gestión y la administración de las cantidades recibidas no recaen sobre los directores privados, sino “exclusivamente en las unidades administrativas de la propia Universidad”.
Peinado incidió en la idea para dar un resultado de que la cátedra sirvió a la mujer del secretario general de los socialistas “como un medio de desarrollo profesional privado” por el cual “recibió una remuneración”, algo que no solo desmontan los informes periciales, sino también las distintas personas que han hablado en sede judicial.
Entretanto, la Fiscalía también mantiene que Gómez no ha cometido ningún ilícito. Esta misma semana repetía los mismos argumentos esgrimidos anteriormente para su defensa; reprochando al togado la “vaguedad” de sus explicaciones y “su constante intento de mezclar e interrelacionar unos delitos con otros” al afirmar que “un hecho es constitutivo de delito y a la vez de otro diferente”.
