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La inteligencia artificial promete transformar la economía, multiplicar la productividad y abrir una nueva etapa de desarrollo tecnológico. Pero detrás de los algoritmos, los asistentes virtuales y las inversiones multimillonarias existe una infraestructura mucho menos visible: enormes instalaciones que necesitan electricidad, agua, suelo y conexiones a la red para funcionar. Su expansión ha terminado por provocar una respuesta que ya no se limita a pequeños grupos vecinales. Este fin de semana, la protesta cruza las fronteras europeas.
Más de 100 organizaciones de 15 países participan en las jornadas de movilización convocadas para este viernes 6 y sábado 7 de noviembre bajo el lema Stop Dirty Data Centres. La coalición exige una moratoria sobre la construcción de grandes centros de datos hasta que existan garantías suficientes sobre sus consecuencias ambientales, energéticas y sociales. Las convocatorias incluyen manifestaciones, reuniones públicas y otras acciones en países como España, Irlanda, Francia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia y Reino Unido.
La campaña, recogida por Euronews, refleja una preocupación que empieza a acompañar a las promesas de inversión de las grandes tecnológicas: quién obtiene los beneficios del desarrollo de la inteligencia artificial y quién debe asumir los costes de las infraestructuras necesarias para sostenerla.
En España, esa discusión tiene uno de sus principales escenarios en Aragón, donde los proyectos de Amazon Web Services, Microsoft y otros grandes inversores han situado a la comunidad en el centro de la expansión del sector. Mientras las empresas y las administraciones defienden su capacidad para atraer actividad económica y empleo, las plataformas ciudadanas reclaman mayor transparencia sobre el consumo de recursos, las condiciones fiscales y el impacto sobre el territorio.
El consumo eléctrico de la IA abre una nueva batalla en Europa
La dimensión del problema aparece reflejada en las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Según su informe Energy and AI, los centros de datos consumieron aproximadamente 415 teravatios hora (TWh) de electricidad en 2024, alrededor del 1,5% de la demanda mundial. La organización calcula que esa cantidad podría superar los 945 TWh en 2030, más del doble en apenas seis años.
La inteligencia artificial es uno de los motores de ese crecimiento, aunque conviene recordar que los centros de datos también sostienen servicios de almacenamiento, plataformas digitales y otras actividades que no dependen exclusivamente de esta tecnología.
La Comisión Europea ha puesto cifras a su expansión dentro de la Unión. En un informe publicado en septiembre de 2026, Bruselas estima que estas instalaciones consumieron 68 TWh en 2024 y podrían alcanzar los 114 TWh en 2030, equivalentes al 3,2% de la demanda eléctrica comunitaria.
No se trata únicamente de la cantidad de energía necesaria. También importa dónde se concentra ese consumo y qué inversiones hacen falta para abastecerlo. Los grandes centros necesitan una alimentación eléctrica continua, infraestructuras de transporte y distribución y, según su tecnología de refrigeración, cantidades variables de agua.
Irlanda ofrece uno de los ejemplos más significativos. Según su Oficina Central de Estadística, los centros de datos concentraron el 23% de toda la electricidad medida en el país durante 2025, frente al 5% que representaban una década antes. Es un indicador del peso que estas instalaciones pueden adquirir en sistemas eléctricos nacionales relativamente pequeños.
Sin embargo, ese crecimiento no significa que todos los países vayan a experimentar las mismas consecuencias. El efecto sobre el precio de la electricidad depende de la capacidad de generación disponible, las redes, los contratos de suministro y las normas aplicables a los grandes consumidores.
En España, el debate ya ha llegado al terreno regulatorio. Como explicó recientemente ElPlural.com, un estudio de modelización de PyPSA Labs calcula que conectar 4.000 megavatios de centros de datos sin exigir un suministro renovable ajustado a su consumo horario podría generar un sobrecoste eléctrico anual de entre 1.850 y 1.950 millones de euros para el conjunto de consumidores.
Se trata de una estimación condicionada por los supuestos del estudio, no de un incremento ya constatado en las facturas. Pero revela por qué la regulación de estas instalaciones ha dejado de ser una cuestión exclusivamente tecnológica.
Aragón, el territorio donde chocan las inversiones y la protesta vecinal
Mientras Europa discute cómo ordenar la expansión de los centros de datos, Aragón se ha convertido en uno de los principales escenarios españoles del conflicto. La comunidad reúne proyectos de grandes empresas internacionales, disponibilidad de suelo y una producción renovable que ha favorecido el interés de los inversores.
Las autoridades autonómicas presentan estas instalaciones como una oportunidad para atraer capital, reforzar las infraestructuras y generar actividad económica. Los colectivos críticos cuestionan, por su parte, que las ventajas del modelo estén suficientemente contrastadas y que las poblaciones afectadas dispongan de toda la información necesaria.
Este sábado, Zaragoza acoge una manifestación que partirá a las 12.00 horas del Paraninfo de la Universidad, en la plaza Paraíso, convocada por organizaciones como No es sequía, es saqueo. La movilización se integra en las jornadas europeas y llega después de otra concentración programada para el viernes en Huesca.
Los convocantes denuncian que la implantación de estos proyectos se está realizando sin una evaluación suficientemente transparente de sus efectos acumulados sobre el territorio. También cuestionan las facilidades administrativas concedidas a las grandes empresas y reclaman una moratoria que permita revisar el modelo.
Sus preocupaciones encuentran un punto de referencia en el informe sobre el impacto socioeconómico de los centros de datos elaborado por el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), que recopila estimaciones económicas y ambientales sobre la expansión prevista.
El documento recoge una proyección según la cual el consumo eléctrico anual del conjunto de centros de datos proyectados podría situarse entre 21 y 28 TWh cuando estuvieran plenamente operativos. La comparación resulta significativa: el consumo eléctrico total de Aragón fue de aproximadamente 11 TWh en 2024.
Estas cifras no describen la demanda actual de los centros instalados. Son previsiones sujetas a la ejecución de los proyectos y a sus condiciones reales de funcionamiento. Aun así, evidencian la magnitud del desafío que supone planificar las redes eléctricas necesarias para atender una demanda industrial tan concentrada.
El agua representa otro de los puntos de fricción. Algunas instalaciones utilizan sistemas de refrigeración que requieren importantes aportaciones hídricas, mientras otras recurren a tecnologías con consumos directos considerablemente inferiores. Por eso, el impacto no puede calcularse aplicando una misma cifra a todos los proyectos: depende del diseño, la climatología, la fuente de abastecimiento y las condiciones de funcionamiento.
En una comunidad donde el agua mantiene una relación estrecha con la agricultura, la industria y la planificación territorial, las plataformas consideran imprescindible conocer qué recursos se comprometen y qué consecuencias puede tener su utilización a largo plazo.
Millones en inversiones, ventajas fiscales y una pregunta sobre el empleo
La discusión también afecta al dinero público. Los centros de datos suelen presentarse acompañados de grandes cifras de inversión, pero esa magnitud no equivale automáticamente a la creación de empleo permanente ni permite determinar por sí sola el beneficio económico para los municipios que los acogen.
Durante la construcción se necesitan trabajadores, empresas auxiliares e infraestructuras. Una vez en funcionamiento, sin embargo, estos complejos están altamente automatizados y sus necesidades de personal son diferentes de las de una fábrica convencional. La comparación entre empleos temporales y estables resulta esencial para evaluar su impacto.
El informe del CESA también examina las consecuencias fiscales de los proyectos. Cuando un centro de datos se tramita como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), puede beneficiarse de bonificaciones de hasta el 95% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), conforme al régimen aplicable.
Son incentivos que buscan favorecer la inversión, pero también pueden reducir los ingresos que habrían correspondido a las administraciones locales en ausencia de esas bonificaciones. Esto no significa que los proyectos carezcan de aportación fiscal: generan otras obligaciones tributarias y actividad económica que deben incorporarse al balance.
La cuestión consiste en determinar cuántos puestos de trabajo estables se crean, qué ingresos públicos se obtienen y qué parte de las nuevas infraestructuras debe financiarse o facilitarse desde las administraciones.
El propio CESA recoge estimaciones de un considerable retorno fiscal para el conjunto de las administraciones durante la próxima década. No obstante, se trata de previsiones dependientes de la materialización de las inversiones y de la actividad efectiva que generen.
Esta diferencia entre expectativas y resultados explica parte de la movilización. Los colectivos contrarios a la expansión no rechazan necesariamente toda la infraestructura digital, sino que cuestionan las condiciones en las que las grandes corporaciones acceden a recursos escasos y la capacidad de los ciudadanos para intervenir en esas decisiones.
El conflicto también está llegando a las instituciones. Una moción presentada en el Ayuntamiento de Zaragoza por Zaragoza en Común reclama una moratoria autonómica, la revisión de determinadas licencias y que no se concedan exenciones fiscales particulares a estas instalaciones.
En Bruselas, mientras tanto, la Comisión Europea trabaja en nuevas exigencias de información y estándares mínimos de eficiencia. Ya existe un sistema de comunicación de indicadores energéticos y ambientales de grandes centros de datos, aunque su aplicación y la calidad de los datos siguen planteando dificultades. La propuesta legislativa de requisitos mínimos está prevista para 2027.
La movilización de este fin de semana introduce así una cuestión en el debate sobre el futuro tecnológico europeo: qué infraestructuras necesita realmente la digitalización, dónde deben construirse y bajo qué condiciones sociales, económicas y ambientales.
En Aragón, como en otros territorios de Europa, esa discusión ha dejado de desarrollarse únicamente entre gobiernos y empresas. Las plataformas vecinales quieren participar en decisiones que afectan a sus recursos y a su entorno. La expansión de la inteligencia artificial ya tiene, también, una dimensión territorial.
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